La complicación en los trámites para obtener ayudas de la UE ha sido desde hace tiempo una de las quejas más generalizadas. Para este marco financiero de 2014 a 2020 va a ser mucho más sencillo la Comisión ha adoptado más de 120 medidas que simplifican las normas de financiación de la UE para las empresas europeas, ciudades, regiones, científicos y organizaciones no gubernamentales.

Junto con la adopción del marco financiero plurianual de 2014-2020 (MFP) y de los programas de financiación sectoriales, se ha avanzado mucho en cuanto a que el acceso a los fondos de la UE sea más sencillo para los posibles beneficiarios. Pero las instituciones de la UE y los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que funcione bien.

Según el comisario de Presupuesto, Janusz Lewandowski, «la simplificación es un negocio en marcha que requiere una acción continua de las instituciones comunitarias y los Estados miembros». Especialmente porque la gestión de alrededor del 80 % del presupuesto de la UE corre a cargo de los Estados miembros.

Por lo tanto, los esfuerzos a nivel de la UE sólo pueden tener éxito si son seguidas por medidas de simplificación a nivel nacional, regional y local. «Invitamos a los Estados miembros a seguir el ejemplo al reducir aún más la carga administrativa en los beneficiarios», añade Lewandowski.

Sin embargo, se podría haber logrado mucho más. Los esfuerzos de simplificación en ocasiones se han visto obstaculizados por las posiciones divergentes de los Estados miembros que han conducido a la introducción de numerosas excepciones y reglas muy detalladas (por ejemplo, en la financiación de la agricultura y los fondos estructurales), así como en la ejecución del presupuesto en los diferentes programas gestionados por la Comisión

Se han simplificado, entre otros, los procedimientos para obtener el reembolso de la investigación, con la tasa de reembolso única para todos los participantes en un proyecto («un proyecto y un porcentaje de financiación») y un porcentaje fijo para costes indirectos.

Los beneficiarios cobrarán antes (90 días) en la política de cohesión. No tendrán que guardar los documentos tanto tiempo, con las nuevas normas sólo tendrán que conservarlos un máximo de tres años.