La Comisión Europea ha confirmado que ha encontrado trazas de carne de caballo en 193 muestras etiquetadas como carne de vacuno de un total de 4.144 analizadas en toda la UE y 16 casos positivos de fenilbutazona entre un total de 3.115 muestras, que no habrían afectado a la salud humana. En el caso de España, ha aparecido carne de equino en un 4% de las muestras analizadas.
El pasado 1 de marzo, los Estados miembros se comprometieron a realizar 2.250 pruebas de ADN a distintos productos procesados y etiquetados como ternera. En España se han realizado 189 test y en un 4% de ellos se ha detectado carne de caballo sin etiquetar.
Francia, Italia, Alemania, Polonia y Reino Unido también han realizado cientos de pruebas desde principios de marzo.
La Comisión también pidió hacer pruebas para detectar la presencia de fenilbutazona, un medicamento utilizado en animales para dolencias articulares y como antiinflamatorio, prohibido en piezas destinadas al consumo humano pero del que se encontraron restos en caballos sacrificados en el Reino Unido. Las autoridades sanitarias españolas han confirmado que ninguno de los análisis ha dado positivo en fenilbutazona, descartando cualquier «problema de seguridad alimentaria».
Los resultados de la evaluación de la CE servirán para medir el alcance del fraude de la carne de caballo, una estafa que se identificó al descubrirse ADN de equino en diversos productos procesados distribuidos por varios proveedores y marcas dentro de Europa. El descubrimientos de esta estafa llevó a la CE a organizar, en febrero pasado, un plan coordinado de control para determinar el alcance de esas prácticas fraudulentas.
En el caso español, la principal asociación de Consumidores y Usuarios, FACUA, ha pedido al Gobierno que haga públicas las marcas en las que se ha detectado carne de caballo etiquetada como vacuno, ya que, según las asociación, «mantener en secreto los nombres de esas empresas convierte al ejecutivo en corresponsable de un fraude alimentario».
Un portavoz del Ministerio de Agricultura ha precisado que tres casos se han encontrado en Castilla-La Mancha, uno en Castilla y León, otro en Murcia y uno más en Asturias. Se trata de análisis realizados en industrias cárnicas, bien de procesado o proveedores. Los dos casos restantes, hasta llegar a los ocho que han dado positivo, dependen del Ministerio de Sanidad, puesto que es Consumo quien los ha detectado ya directamente en los lineales de los supermercados, es decir, al alcance del consumidor final.
Este portavoz ha señalado que los datos se han puesto en manos de la «autoridad competente», que son las comunidades autónomas, para que estas incoen los oportunos expedientes, retiren los productos y, en su caso, impongan las sanciones.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad, del que depende Consumo, ha añadido que las dos muestras que han dado positivo al final de la cadena de distribución, es decir, en los comercios, se han encontrado en Madrid y Cataluña (inicialmente aseguró de forma errónea que era Andalucía).
Un problema de fraude alimentario no de seguridad alimentaria
El comisario de Sanidad y Consumo, Tonio Borg, ha asegurado que en los próximos meses, «la Comisión Europea propondrá reforzar los controles a lo largo de la cadena alimentaria, de acuerdo con las lecciones aprendidas», sobre todo para restaurar la confianza de los consumidores.
Los controles se han llevado a cabo a nivel de minoristas, de los alimentos destinados al consumidor final. Se han realizado 7.259 pruebas, de las que 4.144 se han hecho para detectar la presencia de ADN de caballo y 3.155 para encontrar presencia de fenilbutazona.
Las pruebas han costado 400 euros cada una, con un total aproximado de 2,5 millones de euros que han sido cofinanciadas por la UE en un 75 por ciento.