Ante representantes del Consejo Europeo, la Comisión y el Europarlamento, el Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros, les ha hecho saber que los ciudadanos no tienen información suficiente sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y que casi la mitad de los europeos no están satisfechos con el nivel de transparencia de las instituciones.

El Ombudsman europeo se ha basado en los datos parciales de una encuesta, según la cual, el 72% de los europeos dice estar mal informado sobre la Carta de Derechos Fundamentales y el 13% ni siquiera ha oído hablar de ella.

Otro dato para que tengan en cuenta las autoridades comunitarias: el 42% de los encuestados no está satisfecho con la administración de la UE. «Es obvio que el Defensor del Pueblo europeo, los Defensores nacionales y las demás instituciones de la UE tenemos todavía mucho que hacer para informar a los ciudadanos sobre sus derechos», ha dicho Diamandouros.

La paradoja es que la Carta de Derechos Fundamentales se aprobó junto al Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, con carácter vinculante, como una fórmula para acercar la Unión Europea a los ciudadanos. La propaganda oficial dice que es un instrumento para incrementar el diálogo entre la sociedad civil y la UE y para promover una mayor implicación ciudadana en la toma de decisiones. El Tratado y la Carta, dicen en la UE, tienen como objetivo hacer una administración europea más transparente, responsable y próxima a los ciudadanos.

Según los datos de la encuesta, un tercio de los europeos considera que el derecho a una buena administración es de los más importantes, solo superado por el derecho a la libertad de movimiento y residencia en la UE.

La Carta de Derechos Fundamentales surgió en el Consejo Europeo de Colonia en 1999, donde los jefes de Estado y de gobierno decidieron recoger en un documento los principios del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales, los derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los países miembros, los enunciados en la Carta Social Europea y en la Carta Comunitaria de Derechos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores, y otros principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fue proclamada en Niza en el año 2000 y se reformó en 2007, para darle un carácter jurídico vinculante junto al Tratado de Lisboa, aprobado en diciembre de 2009. La Carta es aplicable a los Estados miembros de la UE, con la excepción de Polonia y Reino Unido, que consiguieron introducir una cláusula por la que se limita su interpretación a la del Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales de ambos países.

La Carta de Derechos Fundamentales tiene siete capítulos que se ocupan de la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia, además de otro con disposiciones generales.