Según cifras de la ONU, la producción anual de residuos electrónicos en el mundo oscila entre 20 y 50 millones de toneladas. Material que puede ser reciclable o no reciclable. En el primero de los casos suele viajar a China e India donde se separa -no siempre adecuadamente – y se aprovechan los minerales valiosos que quedan entre el deshecho. En el segundo caso, la basura es material peligroso y rentable por igual que acaba gestionado por «ecomafias» cuyo destino favorito suele ser África.

Nos enfrentamos a una paradoja y es que los países más avanzados, económica y políticamente, lo son porque han sido capaces de desarrollar normativas y leyes para el tratamiento y eliminación de residuos que evitan los riesgos que supone para el ambiente y las personas el contacto con ciertas materias y productos de deshecho pero, como resultan más costosos que en países donde eso no existe, se procede al traslado del apestoso problema.

En estos momentos, hay cientos de aviones, barcos y camiones cargados de basura con destino a los llamados «port hopping», puertos permisivos con controles menos estrictos o directamente sin controles para poder exportar sus residuos sin problema.

Así toda la basura del mundo acaba en suelo africano, latinoamericano o asiático, en vertederos incontrolados y gestionada de forma incorrecta con graves efectos para la población vecina y el medio ambiente. No es difícil pensar que las fugas procedentes de residuos abandonados pueden dañar los suelos y las corrientes de agua y contaminar el aire, debido a las emisiones de metales pesados y contaminantes orgánicos. Las emisiones son también la causa del calentamiento global y la eliminación de la capa de ozono.

Las Naciones Unidas, en su Programa 21, el código de buenas prácticas para la promoción del desarrollo sostenible firmado en 1992 por más de 170 países, ya lo especificaba bien claro: la comunidad internacional en su dimensión global debe colaborar para el control efectivo del transporte de desechos peligrosos. Pero la práctica es cosa bien distinta.

Sanciones y vigilancia en los «puertos permisivos»

La Comisión Europea, consciente de la situación, ha adoptado medidas para evitar este traslado de residuos ilegales que dañan la salud humana y el medio ambiente y ha propuesto una legislación más estricta en materia de inspecciones nacionales para garantizar que la totalidad de los 28 dispone de controles semejantes.

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha afirmado lo siguiente: «Es hora de realizar controles más estrictos en todos los Estados miembros, el mejor medio para impedir que los exportadores deshonestos se aprovechen del sistema. La propuesta que se ha presentado hoy ayudará a reducir la gestión incorrecta de los residuos, a garantizar que los residuos peligrosos se manipulen correctamente y a procurar que los recursos valiosos se vuelvan a utilizar».

Este es un punto importante ya que, gracias a tener inspecciones más eficaces se puede evitar la «fuga» de materias primas valiosas que contienen los residuos, tales como minerales preciosos como el cobalto o el indio de los residuos electrónicos, que se podrían reciclar y entrar de nuevo en el mercado.

La iniciativa presentada por la CE propone que los Estados miembros realicen inspecciones periódicas basadas en evitar el riesgo, que se aumente la cooperación entre las autoridades y se mejore la formación de los inspectores. Se trata de ayudar a las autoridades a centrarse en las rutas y vehículos que se utilizan con más frecuencia en los traslados ilegales, así como en los momentos preferidos para realizarlos.

Las principales inspecciones se llevarán a cabo en los puntos de recolección (vertederos) y en las instalaciones de almacenamiento, en su fase más temprana con lo que se aliviará la presión en los puntos regulares de salida. Las inspecciones sobre el terreno —un elemento clave de la propuesta— permitirán que la persona responsable de un traslado facilite pruebas sobre la legalidad del mismo, como, por ejemplo, que los residuos del cargamento de que se trate se van a gestionar correctamente desde el punto de vista medioambiental en un tercer país.

Efectuar inspecciones eficaces supondrá ahorros y ventajas económicas directas para los Estados miembros y para el sector, ya que se evitarán los gastos de limpieza y repatriación. Ello puede conducir a la optimización de los procesos de tratamiento de los residuos, a la mejora de las técnicas de clasificación y reciclado y a un mejor acceso a materias primas de gran calidad.

La nueva normativa de la CE responderá, entre otras cosas, a una gran preocupación que ha surgido entre las pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte y tratamiento de residuos y es que, debido a las diferencias en la aplicación y la interpretación del reglamento en los Estados miembros, no se ha conseguido impulsar la creación de un mercado común para la utilización y el reciclado de residuos, con los impedimentos y los costes que esto supone.

África, el basurero rentable

Actualmente, la normativa referente al traslado de residuos de la UE prohíbe todas las exportaciones de residuos peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE y todas las exportaciones de residuos para su eliminación fuera de la UE/AELC y cuando se detecta un traslado ilegal de residuos, se hace regresar el cargamento.

Pero la normativa sobre traslados de residuos también permite la exportación de residuos no peligrosos para someterlos a operaciones de recuperación fuera de la OCDE, si bien exige que las autoridades nacionales comprueben que el tratamiento que se vaya a emplear sea equivalente, en líneas generales, a las normas que se aplican en la UE. La normativa no establece disposiciones específicas sobre la programación de las inspecciones ni sobre cómo deben realizarse estas y, en la mayoría de los casos, los países de destino están a años luz de la normativa ecológica de los europeos.

Es más, según estudios de la ONU, en muchos casos, como ocurre con África, esos traslados de residuos se maquillan como acuerdos internacionales a cambio de armas o materias primas, con lo que el problema se agranda y se disipa.

La ONG Basel Action Network denunció ya en 2008 que el 75 % del material electrónico que llega a Nigeria no puede ser reciclado y se convierte en un agente contaminante. Somalia también recibe con regularidad muchas toneladas de residuos tóxicos y radiactivos que acaban incluso en el mar. De hecho, advierten varias ONG ecologistas, «algunos de estos residuos se distribuyeron por las costas tras el tsunami de diciembre 2005. Entre las cosas que la gran ola llevó a la playa se encontró uranio radiactivo, cadmio y mercurio industrial y hospitalario, altamente tóxico, que procedían de Europa».

Por suerte, la política del «ojos que no ven» parece que ha tocado a su fin en la UE.