La auditoría, llevada a cabo entre octubre de 2012 y julio de 2013, pone de relieve las debilidades de los instrumentos utilizados actualmente para integrar las cuestiones de agua en la PAC. Señala además demoras y deficiencias en la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA). Según los autores del análisis, la integración de la política del agua en la PAC sólo se ha conseguido «parcialmente», dado que los mecanismos para incorporar los problemas relacionados con el elemento vital han sido «insuficientes» y que la DMA se ha aplicado con «retrasos y deficiencias».

«En Europa, la agricultura es un usuario importante de agua y es una fuente de presión sobre los recursos hídricos, por ejemplo a través de la contaminación de nutrientes. Si bien ha habido avances, la Comisión y los Estados miembros deben integrar mejor las preocupaciones de la política de agua con la PAC para asegurar el uso sostenible a largo plazo», ha indicado el responsable del informe y miembro del Tribunal, Kevin Cardiff.

Estas críticas ya habían sido adelantadas por investigadores como Leandro Del Moral, de la Universidad de Sevilla, y Fransesc La Roca, de la Universidad de Valencia, miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA). «Gran parte de las ayudas [de la PAC] contribuyen a promover modelos de producción con impactos considerables sobre el medio ambiente. Así, las explotaciones de regadío reciben de media el triple de pagos que las de secano. Existe, además, una clara conexión entre mayores niveles de percepción de ayudas y sobreexplotación de acuíferos o contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Todo ello constituye una clara muestra de descoordinación entre los objetivos ambientales de la UE –en especial en materia de aguas y biodiversidad- y la actual PAC», suscriben ambos en un documento titulado 'Reforma de la PAC y política de aguas'.

La Política Agraria Común es uno de los pilares de la UE, representando algo menos del 40 por ciento de su presupuesto (más de 50.000 millones de euros para este ejercicio). La UE trata de influir a través de ella en las prácticas agrícolas que afectan el agua. «La PAC y la DMA son dos de las principales políticas de la Unión Europea. Es imprescindible la integración y coherencia entre ambas. Si se diseñan adecuadamente, las medidas de desarrollo rural pueden contribuir de manera decisiva a la consecución de los objetivos de la política de aguas. Es urgente e ineludible la cooperación entre ambas políticas», añaden los investigadores de la FNCA.

La gestión integral de la DMA

La aprobación de la DMA en el año 2000 supuso un cambio en la gestión del agua, que de un enfoque sectorial pasaba a uno integral, con énfasis en el aspecto ambiental y en el ecosistémico: los ríos como parte importante del medio ambiente, no sólo como meros contenedores de agua. Entre sus objetivos estaba la recuperación del buen estado ecológico de los ríos, los humedales, los lagos y las lagunas. Este cambio de perspectiva supuso la apuesta por una nueva planificación y la realización de nuevos planes de cuenca en toda la Unión, con el 2009 como fecha establecida para alcanzar las metas fijadas. Cuatro años más tarde, España aún no ha terminado el proceso, incumplimiento que ya le ha acarreado sanciones de las que no se ha revelado su cuantía.

El informe del Tribunal de Cuentas de la UE, recientemente presentado, realizó la auditoría en siete Estados miembros: España (donde los trabajos se centraron en la cuenca del Guadalquivir), Dinamarca, Grecia, Francia, Italia, Holanda y Eslovaquia. Según las conclusiones, estos países sufren «problemas graves» en materia de calidad y cantidad de oro azul Por ejemplo, en el caso del río Gualquivir, el Tribunal considera que el análisis medioambiental llevado a cabo para elaborar el plan de cuenca «pasó por alto el problema de la extracción ilegal de agua subterránea».

Además, los planes de desarrollo rural «no contienen ningún mecanismo para incentivar a los beneficiarios a cumplir los procesos de autorización», añaden los auditores. Asimismo, llegaron subrayan que existe un conocimiento insuficiente, en el ámbito de las instituciones de la UE y en los Estados miembros, sobre las presiones que se ejercen sobre el agua por las actividades agrícolas y cómo esas presiones se están desarrollando.

«Los Estados miembros deben esforzarse más por adaptar sus programas de desarrollo rural y sus acciones para proteger sus recursos hídricos y es necesario solventar los retrasos en la aplicación de la DMA», subraya Cardiff.

Necesidad de mejora

El Tribunal de Cuentas recomienda que la Comisión Europea proponga las modificaciones necesarias o, en su caso, nuevos instrumentos capaces de cumplir con las metas más ambiciosas en cuanto a la política agraria. Considera también que los Estados miembros deben subsanar las deficiencias en relación con la condicionalidad y mejorar el uso de los fondos de desarrollo rural para satisfacer mejor los objetivos de la política del agua.

Tanto la Comisión como los Estados miembros deben tener en cuenta los retrasos en la aplicación de la Directiva Marco del Agua y mejorar la calidad de sus planes de gestión de cuencas hidrográficas mediante la descripción de las medidas individuales. Finalmente, la Comisión Europea debe asegurarse de que es capaz de medir la evolución de las presiones que se ejercen por las prácticas agrícolas y a los propios Estados miembros se les pide que proporcionen datos de forma más oportuna, confiable y consistente.