Grandes compañías como Ikea, Deutsche Bank , Amazon o Apple, así hasta 340, se beneficiaron de un régimen fiscal en el que estas empresas sólo pagaban poco más de un simbólico 1% durante 2008 y 2010. Las revelaciones las ha publicado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través de varios medios internacionales.

El escándalo es aún mayor cuando el recién elegido Presidente de la Comisión europea, Jean-Claude Juncker, fue primer ministro de Luxemburgo desde 1995 a 2013, cargo que compatibilizó con el de encargado de finanzas y fiscalidad desde 1989. Luxemburgo es uno de los países más pequeños del mundo con poco más de 500.000 habitantes, por lo que no es extraño que mantuviera ambos puestos.

La Comisión Europea tiene actualmente abierta una investigación en Luxemburgo por ventajas fiscales a Fiat y a Amazon, aunque el portavoz de Juncker ha recordado que también se está llevando a cabo en Malta, Irlanda y Chipre. Sobre estas pesquisas, a pocos horas que se publicara las nuevas informaciones, se le preguntó a Juncker en su primera comparecencia como Presidente y aseguró que no interferiría en la investigación de la Comisaria de Competencia, Margarethe Vestager, y que tampoco frenaría nada, porque sería «indecente».

La sustituta de Joaquín Alumunia estudiará el caso, como un asunto relacionado con «ayudas de Estado», aunque es un asunto propiamente de fiscalidad. Algunos grupos políticos han mostrado su indignación, además, porque los acuerdos se produjeron en plena época de crisis económica y de fuertes recortes para llegar al objetivo de déficit. Según la información publicada en los diarios, las cantidades que no llegaron a las arcas del Estado se cifra en millones de euros.

El portavoz de Juncker ha asegurado que el presidente al recibir las noticias se ha mantenido «sereno» y cree que no se puede acusar al luxemburgués de nada. Por su parte, eurodiputados liberales y socialdemócratas que encumbraron a Juncker hasta la presidencia de la Comisión junto con populares han mostrado su indignación. El presidente de ALDE, Guy Verhofstadt, ha pedido la comparecencia de la Comisión Europea para explicar si estas prácticas fiscales van en contravención con el acervo comunitario. En la misma línea se ha mostrado su homólogo socialdemócrata, Gianni Pittella, que considera que «la credibilidad de Jean-Claude Juncker está en entredicho». «Debe demostrar en qué lugar está. En el de los ciudadanos europeos o en el de las empresas que evaden impuestos», ha escrito en un comunicado. Igual de contundentes han sido también los representantes de los Verdes y la Izquierda Europea.

El tema está en boca de todos. La noticia ha pillado a los ministros de economía y finanzas en Bruselas, ayer los del Eurogrupo y hoy los Veintiocho. El ministro alemán del ramo, Wolfang Schäuble, considera que Luxemburgo «podría hacer más» para evitar estas prácticas.

Mientras, Juncker sigue sin pronunciarse al respecto. Su portavoz ha afirmado que si el conjunto de la Eurocámara pide explicaciones, así será. Por el momento el grupo mayoritario, la familia del luxemburgués, el Partido Popular Europeo, no las ha pedido. Su portavoz, Manfred Weber, ha recordado que Juncker ha asegurado, igual que en su discurso de investidura en el Parlamento, que bajo su mandato reforzaría los mecanismos para acabar con la evasión fiscal.