Creemos que resulta necesario denunciar la creciente degradación que provoca en nuestros juzgados y tribunales la falta de inversión en Justicia, en una situación marcada por la insuficiencia de medios materiales y personales. Y debemos recordar que nos encontramos a la cola de los países europeos en el porcentaje de jueces/as por habitante.

Desde el poder ejecutivo no se ha mostrado la voluntad política necesaria para profundizar en la necesaria implantación de la nueva oficina judicial. Y tampoco se han querido abordar las reformas estructurales necesarias para modernizar nuestra administración de justicia. Los tiempos de respuesta en los procedimientos siguen sin reducirse. Y esta actuación insuficiente resulta especialmente llamativa en los asuntos de corrupción, ante la carencia de medios, lo cual está provocando la desconfianza de la ciudadanía hacia nuestro sistema judicial. Por otro lado, la falta de creación de órganos judiciales ha generado la insostenible situación de cientos de jueces y juezas en expectativa de destino, recién incorporados a la carrera, que se encuentran actualmente sin plaza y en una situación de precariedad incompatible con el principio de inamovilidad judicial.

Las únicas innovaciones del ministro Gallardón han consistido en actuaciones privatizadoras del servicio público, como la entrega injustificada de los registros civiles a los Registradores Mercantiles o la agresiva implantación de las tasas, que está afectando al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y está causando una injusta discriminación por motivos económicos. Y muy recientemente, cuando apenas queda tiempo en este último año de legislatura para el trámite parlamentario, se ha presentado precipitadamente una propuesta de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se apuesta por una judicatura jerarquizada y sometida al control político, en un manifiesto ataque a la independencia judicial y a la división de poderes.

Por otro lado, se han cumplido todos los pronósticos de instrumentalización política del máximo órgano de gobierno de la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial ha actuado con una mayoría afín a los intereses del ministro Gallardón y ha sido incapaz de denunciar la creciente degradación de nuestra administración de justicia. Al contrario, el órgano constitucional garante de la separación de poderes se ha distinguido por realizar informes de complacencia con el poder político. Además, ha dejado de ser un órgano colegiado para ser gestionado por una minoría de vocales. Y resulta especialmente preocupante que la actuación de su presidente, Carlos Lesmes, haya convertido a la institución en una mera agencia al servicio de intereses partidistas.

Son razones más que suficientes para expresar nuestra protesta y para no acudir al acto solemne de apertura del año judicial. Por ello, hacemos un llamamiento a todos los poderes públicos para que aborden las reformas correspondientes que mejoren de verdad el servicio público que se presta a la ciudadanía y recordamos que la independencia judicial es el eje vertebrador del Estado de Derecho. NdP