En su momento desde Jueces para la Democracia optamos por no pronunciarnos sobre las cuestiones derivadas de la consulta catalana, por considerarlo un asunto especialmente político, en el que estimamos que debía respetarse la pluralidad existente en nuestra asociación. Sin embargo, entendemos que resulta inaceptable que se pretenda castigar a un magistrado por ejercer su libertad de conciencia.
El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ afirma que la actuación de Santiago Vidal se incardina en la falta disciplinaria de vulnerar el deber de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Dicho organismo ignora clamorosamente que no existe tacha alguna en relación con las actuaciones de Vidal como magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que ejerce como juez de respetada trayectoria profesional que nunca ha sido cuestionada en la recta aplicación del ordenamiento jurídico. El Promotor pretende castigar la libertad de expresión y de creación jurídica de un jurista cuando es realizada al margen de su labor jurisdiccional. Y, además, el Promotor intenta establecer un deber de obediencia absoluta a la Constitución vigente, a pesar de que la Carta Magna puede ser reformada y de que son legítimas las reflexiones jurídicas en torno a este debate y al modelo territorial de nuestro país.
Por otro lado, para poder encajar otra falta disciplinaria, el Promotor convierte forzadamente una creación jurídica en una actividad de asesoramiento, que no resulta aplicable en modo alguno a este caso. Resulta sorprendente el esfuerzo extensivo realizado. Y contrasta con la indiferencia practicada ante conocidos magistrados (nunca expedientados) que han realizado notorias actividades de asesoramiento para el Gobierno o para entidades como la FAES. Entre ellos el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el cual opina con toda libertad sobre la situación política derivada de la consulta catalana y siempre a favor del Gobierno.
Creemos que ningún/a juez/a debe ser castigado por expresar sus ideas. Esta actuación impulsada desde el CGPJ responde a la misma línea de otras medidas anteriores que pretenden uniformizar la judicatura y atacar la independencia judicial. La creación de la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria ya fue percibida como un mero instrumento al servicio del poder político. La propia actuación contra Vidal se está configurando como un escarmiento que pretende ser un aviso general a cualquier forma de discrepancia.
Defender la libertad de expresión, de conciencia y de creación jurídica de Santiago Vidal no significa estar de acuerdo con sus postulados. Jueces para la Democracia nunca ha apoyado posiciones independentistas. Pero aquí lo que está en juego es la uniformización que se pretende desde el Gobierno y el CGPJ para tener un control férreo, absoluto y monolítico sobre el conjunto de la judicatura. Desde Jueces para la Democracia no lo vamos a consentir. Y no nos quedaremos solo con este pronunciamiento público. Ejerceremos todas las acciones y medidas necesarias para impedir el retorno a tiempos inquisitoriales que creíamos ya olvidados. NdP
