Desesperado por la falta de mano de obra para atender el auge de la construcción, Japón se dispone a ampliar su controvertido programa de aprendices extranjeros para que más trabajadores no cualificados de Asia puedan trabajar en empresas japonesas durante cinco años.

Hasta ahora, el plan de practicas, vigente desde 1993, permite a extranjeros no cualificados trabajar en empresas japonesas durante tres años, con el objetivo de adiestrarse en nuevas tecnologías antes de regresar a casa. Pero el sistema está plagado de problemas.

En 2012 se denunció a más de 200 empresas por salarios bajos y largas jornadas de trabajo para los extranjeros.

Los activistas ven el actual sistema de prácticas como una medida para contrarrestar el envejecimiento de la población. Aproximadamente una cuarta parte de los 130 millones de japoneses tiene más de 65 años. En 1995, la fuerza laboral alcanzó su pico máximo de 83 millones de trabajadores, pero la cifra bajó a casi 78 millones en 2012.

La industria de la construcción necesita urgentemente mano de obra extranjera para trabajos como yesero o fabricante de moldes.

El gobierno propone ampliar en dos años los visados para aprendices en «actividades específicas».

Fuentes sindicales opinan que la medida trata de atender las construcciones vinculadas con los Juegos Olímpicos de los que Japón será sede en 2020, y que el sistema de formación aporta muy poco a la política oficial de intercambio tecnológico con los países en desarrollo.

«La política de inmigración de Japón se niega a tratar a los trabajadores extranjeros como personas con derechos que deben ser protegidos. La nueva medida es un claro ejemplo del objetivo de 'usar y tirar la mano de obra extranjera'», nos comenta el dirigente Ippei Torii, jefe del sector de los trabajadores extranjeros en la central sindical Zentotsu.

Zentotsu negocia la situación de varios trabajadores extranjeros que fueron discriminados por sus empresarios. Un caso típico es el de seis mujeres chinas que ganaban cuatro dólares la hora, la mitad del salario mínimo legal, en una fábrica textil de una zona rural de Japón, donde trabajaron tres años.

«No podían escapar porque cada una tenía una deuda de 8.000 dólares con intermediarios en sus lugares de origen en China», explica Ippei.

Actualmente 136.603 trabajadores extranjeros, un 19 por ciento del total, están como aprendices en Japón. Ciudadanos de China, Vietnam y Filipinas encabezan la lista. Unos 15.000 trabajan en la construcción. Su salario medio se calcula en 1.200 dólares mensuales, al que se suman horas extraordinarias.

Jotaro Kato, de la Sociedad por la Amistad de los Pueblos de Asia (APFS, por su sigla en inglés) señaló que el gobierno debe autorizar visados de trabajo para mano de obra no especializada. «El incremento [propuesto] de aprendices extranjeros es la típica estratagema y no representa una solución sostenible a un problema nacional crucial.»

Después de que se establecieran controles más rigurosos, los extranjeros que se quedan más tiempo del permitido pasaron de 250.000 en los años 90 a solo 6.000 en la actualidad. «Los pobres de Asia entran ahora a Japón como aprendices,... solicitan el estatuto de refugiados o se casan con japoneses, en un intento desesperado por vivir aquí», destaca.

El Sindicato de Trabajadores de la Construcción rechaza el nuevo plan de aprendices porque aumentaría el número de extranjeros con salarios bajos, lo que pone en riesgo los sueldos más altos de los japoneses.

La Federación Japonesa de la Construcción emitió un comunicado este mes, en el que llama a duplicar en los próximos cinco años el número de mujeres trabajadoras en el sector, actualmente 90.000, para reducir la brecha entre la oferta y la demanda.

Un sondeo de opinión pública, realizado en marzo por el diario Yomuiri, constató que solo el 10 por ciento de los encuestados estaban dispuestos a aceptar trabajadores migrantes no cualificados, por precauciones como que aumente la delincuencia.

Un abrumador 85 por ciento apoyó como solución que se sumen más mujeres a la población activa.

Menos del dos por ciento de la población japonesa acepta a los extranjeros. Esto incluye a las casi 400.000 personas en la categoría de Residentes Permanentes Especiales que se reserva para los descendientes de coreanos nacidos en Japón, sin recibir la ciudadanía.

Japón es el país del Norte industrial con menos extranjeros en su fuerza laboral, solo un 1,1 por ciento. Alemania tiene un 9,4 por ciento y Gran Bretaña un 7,6 por ciento.

Incluso Corea del Sur tuvo un 2,2 por ciento de trabajadores extranjeros en 2011, después de que se otorgaran permisos trianuales de trabajo para inmigrantes temporales.

Frente a la inminente crisis demográfica, Japón también ha tenido que hacer algunos cambios en sus políticas de inmigración.

En 2008 firmó dos acuerdos de asociación económica con Indonesia y Filipinas, que incluyen una disposición para que personal de enfermería de esos países pueda trabajar en Japón. En los últimos cinco años llegaron unas 750 enfermeras de esos países.

Japón tiene un déficit de 43.000 enfermeras, según el Ministerio de Salud y Bienestar Social. Muchas enfermeras japonesas se retiran después de contraer matrimonio, ya que no pueden lidiar con el extenso horario de trabajo en los hospitales.

En 1990 Japón adoptó una política que permitía a los latinoamericanos de ascendencia japonesa entrar al país como trabajadores migrantes temporales. Así llegaron más de 220.000 personas, en su mayoría de Brasil. Estos Nikkeijin, como se les llama, son descendientes de japoneses que emigraron a América Latina en los años 20 y posteriormente.

La política de Nikkeijin cambió poco después de la crisis financiera mundial de 2008, cuando el gobierno tomó la medida sin precedentes de ofrecerles transporte gratuito a los brasileños-japoneses que optaran por regresar a Brasil.

El personal de enfermería indonesio y filipino que estudia y trabaja en Japón tiene dificultades para terminar sus estudios en este país. De los primeros 104 candidatos indonesios, sólo 24 aprobaron en 2011. Los demás siguen estudiando.

«Debería haber una política que acepte trabajadores no cualificados extranjeros como seres humanos que lleguen a Japón para trabajar y empezar una nueva vida», reclama Jun Saito, del Centro Japonés para la Investigación Económica. «No son robots que se devolverán después del tiempo límite de sus visados».