El proceso se abrió el pasado junio. Un tribunal especial, creado para juzgar a miembros del gobierno y que no ha actuado nunca en sus 106 años, se encargará de sentenciar a Haarde, quien se enfrenta a una petición de la fiscalía de dos años de cárcel como responsable de decisiones que hundieron la economía islandesa.

La defensa argumenta que la crisis de Islandia era imprevisible y se encuadra en la crisis financiera internacional. Para el acusado, su proceso es una farsa y objeto de persecución política. Argumenta que no tuvo forma de saber cómo los bancos del país se estaban endeudando mientras maquillaban sus cuentas.

En 2008 los tres principales bancos del país quebraron ante la incapacidad de refinanciar su deuda. Se dice que lo que debían era nueve veces superior al total de la economía del país. Era el resultado de una desregulación del sector bancario que se introdujo en 2001.

La consecuencia fue la ruina de Islandia y de muchos de sus ciudadanos hipotecados, con tipos de interés que se dispararon hasta el 12%, desempleo y la corona islandesa desplomada. El país se vio obligado a pedir préstamos al FMI por 10.000 millones de dólares.

El gobierno nacionalizó los principales bancos, salvó los ahorros de los clientes nacionales y congeló el pago de los inversores extranjeros, principalmente de Reino Unido y Holanda, cuyos gobiernos se hicieron cargo de las deudas que siguen reclamando a Reykiavik.

Cuatro años después, Islandia está en pleno proceso de recuperación. La devaluación de la corona ha permitido hacer competitivas sus exportaciones y el gobierno, en lugar de ajustes, ha seguido emitiendo deuda y gastando hasta ver signos de recuperación. La agencia Fitch ya ha levantado la calificación de bono basura a la deuda islandesa. Islandia es oficialmente país candidato a la entrada en la Unión Europea.