Un tribunal especial, el Landsdómur, creado en 1905 para juzgar delitos del gobierno y que nunca ha actuado hasta ahora, tendrá que dictar sentencia sobre la actuación de Haarde, quien se enfrenta a una petición de dos años de cárcel.

En octubre de 2008, el colapso económico de Islandia obligó a nacionalizar los principales bancos del país y provocó una crisis política que desembocó en la caída del gobierno formado por conservadores y socialdemócratas.

En la audiencia preliminar, celebrada antes del verano, Haarde rechazó responsabilidades y calificó de «farsa» el proceso abierto contra él. El fiscal le acusa de no hacer caso a las advertencias sobre una inminente crisis de la banca y no actuar en consecuencia.

El asunto además complica el ingreso de Islandia en la Unión Europea, porque uno de los bancos que quebraron, Icesave, tenía unos 4.000 millones de euros de inversores británicos y holandeses, cuyos gobiernos reclaman a Islandia la indemnización correspondiente. Los islandeses han rechazado en dos consultas populares que se pague esa deuda y el caso tendrá que resolverse en los tribunales europeos.

El presidente islandés, Ólafur Ragnar Grimsson, ha denunciado lo que califica de «acoso» de varios países europeos para que el gobierno acepte asumir la deuda. La UE debería investigar y afrontar cómo ha sido posible que países miembros de la UE hayan accedido a apoyar esta absurda reivindicación contra Islandia.