La UE presenta el Tratado de Lisboa como una herramienta para hacer una Europa más democrática y transparente. Una de las fórmulas de participación que más se ha promocionado es la llamada «iniciativa ciudadana» por la que que un millón de ciudadanos de la Unión podrán pedir a la Comisión que haga propuestas legislativas.
Y hasta ahí. Porque el Tratado no dice más. Qué ciudadanos podrán hacerlo, de cuántos países, cómo y dónde son cuestiones que quedan para un futuro reglamento que, de momento no se sabe cómo hacer. Tratándose de iniciativa popular, no podría ser de otra forma y para concretar todos estos puntos la Comisión europea pide participación. Ha abierto una consulta pública durante un año para que opinemos. Eso quiere decir que el Tratado de Lisboa entrará en vigor el 1 de diciembre y hasta un año después no sabremos ni siquiera cómo podemos influir los ciudadanos en las decisiones comunitarias.
Aún así, se nos da oportunidad de opinar hasta diciembre de 2010 sobre los apartados que pueden ser más controvertidos. El Tratado sólo dice que hace falta un millón de firmas de un número significativo de países para que la iniciativa sea tenida en cuenta. La idea inicial es que sea un 0,2 % de la población del país y sean al menos un tercio de los países de la Unión, o sea, ahora 9 Estados.
Se prevé que pueda hacerlo cualquier ciudadano mayor de edad de la Unión y eso abre otro interrogante. La mayoría de edad en 26 países de la UE está en los 18 años, pero en Austria, en los 16. Además hay que determinar cómo se verificará la autenticidad de las firmas.
Y queda también pendiente el compromiso de la Comisión a tramitar o no esa iniciativa ciudadana. La propuesta actual prevé que el ejecutivo comunitario la analice en un plazo máximo de seis meses, pero se reserva el derecho a decidir si la iniciativa merece seguimiento legislativo.
Lo que parece claro ahora es que en ningún caso habrá financiación pública para sufragar la campaña de recogida de firmas por toda Europa. euroXpress
