El «lala salama» (duerme en paz, en swahili), es un impuesto ilegal exigido por el ejército y los rebeldes en los campos de batalla de las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Maniema, Alto Katanga y, particularmente, la región de Ituri, en el noreste. Inicialmente, «lala salama» era el nombre de un programa transmitido en 2000 por Radio Liberté, desde Kisangani, en el noreste de la RDC. El programa era producido por un grupo político aliado con Uganda, país que acusó a Ruanda y a sus representantes en la RDC de alimentar el conflicto en suelo congoleño.

Ahora «lala salama» se refiere más a dinero que a ideología. Cada persona que se dirige a trabajar sus tierras debe pagar un dólar o el equivalente a dos o tres kilos de sus cosechas a los militares en esos puestos de control informales. A este tributo ilegal a veces se le llama «contribución a la seguridad». «A veces el ejército y la milicia combaten solo para controlar un mercado o un camino que lleva a los campos», explica Jean Ngoa, líder tradicional de Kitshanga.

Los grupos armados también recaudan en los mercados un impuesto paralelo al exigido por las autoridades. Los gravámenes van de los 20 centavos a los 10 dólares, dependiendo de la cantidad de la mercancía de cada vendedor. Este dinero es recolectado los días de mercado, generalmente dos por semana. Desde que en 2009 fracasó el programa de integración de exrebeldes al ejército congoleño, la población civil se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de las fuerzas del gobierno, los grupos insurrectos y las milicias ruandesas.

Aquel fracaso derivó en la insurgencia del Movimiento 23 de Marzo en abril de 2012. Hoy, diversas milicias pululan en las cinco provincias del este de la RDC, y miles de civiles han sido víctimas de saqueos, violaciones y asesinatos, según Juvenal Munubo, parlamentario de Walikale, en Kivu del Norte, y miembro del Comité de la Asamblea Nacional para la Defensa y la Seguridad. Denuncia que «los civiles son víctimas de una insoportable explotación financiera».

El general François Olenga fue designado jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la RDC en noviembre de 2012, tras un informe de la Organización de las Naciones Unidas que acusaba a su predecesor, Gabriel Amisi, de venderle armas a rebeldes. Olenga reconoció la ineficiencia del ejército e intentó darles seguridad a sus tropas. «Personalmente me aseguraré de que cada soldado recibía su paga», prometió al asumir el cargo.

Aunque los jefes del ejército destacan que el salario promedio de un militar se incrementó de 10 a 60 dólares mensuales entre 2006 y 2013, los soldados insisten en que la paga es insuficiente e irregular. Los civiles se convirtieron en la presa más fácil para recaudar impuestos ilegales. «Si tenemos suerte, podemos recolectar 60.000 dólares para pagarles a 1.000 hombres, oficiales incluidos», explica el capitán George Sakombi, del regimiento número 810 en Masisi, en Kivu del Norte.

El teniente coronel Vainney Kazarama, portavoz del M23, que tomó el control de Goma en noviembre d 2012 asegura que «estamos en un ejército sin paga alguna». El impuesto «lala salama» estimuló la formación de milicias. En Kivu del Norte, por ejemplo, el número de grupos armados pasó de 12 a 25 desde 2008, según organizaciones de la sociedad civil. En Kivu del Sur, creció de 11 a unos 20.

Bajo el anonimato, un maestro de Kashuga, otra localidad de Kivu del Norte, denuncia que su aldea fue atacada 12 veces entre abril y julio de 2012 por las fuerzas armadas congoleñas, por el grupo rebelde, Alianza de Patriotas para un Congo Libre y Soberano, y por el grupo insurgente M26. Este último, es una nueva organización armada que demanda la plena implementación del acuerdo de paz de marzo de 2009 entre el gobierno y la organización rebelde Resistencia Patriótica Congoleña, que ahora es un partido político.

Cuando el M26 «tomó control de Kashuga, obligó a cada persona mayor de 13 años a pagar 1.200 francos congoleños (poco más de un dólar)». El impuesto se llama «rengera buzima», que significa «protección de vida» en kinyarwanda, la lengua local. A diferencia del «lala salama», que no ofrece comprobante de pago, «la milicia M26 fue a campamentos de desplazados, escuelas e iglesias a obligar a todos a que presentaran sus recibos de 'rengera buzima'».