Una gran consulta entre todas las partes implicadas ha permitido comprobar que, en algunos casos, la normativa de la UE puede estar obstaculizando el crecimiento y el empleo y detectar aquellos ámbitos o cuestiones que requieren un examen más detenido y, que donde sea preciso, se adopten medidas para aligerarlas.

Las PYME consideran que las mayores dificultades y costes están relacionadas con la normativa de las sustancias y preparados químicos (REACH), el impuesto sobre el valor añadido, la seguridad de los productos, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la protección de datos, la legislación sobre residuos, la legislación relativa al mercado laboral, los equipos de registro en el transporte por carretera, la contratación pública y el Código Aduanero modernizado.

Todos estos campos necesitan una normativa europea pero la Comisión estudiará la forma de simplificarla. El vicepresidente Antonio Tajani, responsable de Industria y Emprendimiento, ha declarado que «Nuestra legislación debe diseñarse teniendo en cuenta a las PYME (en particular a los nuevos empresarios) y debe de ser inteligente, sencilla y estable. Cuanto más escuchemos a las PYME, más nos podrán ayudar a retomar el camino del crecimiento».

En algunos de estos campos, como por ejemplo, las cualificaciones profesionales, protección de datos o contratación pública, la Comisión ya ha tomado medidas para mejorar y simplificar la legislación de la UE. El próximo 16 de este mes entrará en vigor la Directiva sobre morosidad, que reducirá los plazos de pago, y la ampliación a nuevas PYME de la posibilidad de beneficiarse de regímenes simplificados de contabilidad y auditoría.

En Europa hay 20,8 millones de PYME, que crean el 85 % de todos los nuevos puestos de trabajo y contribuyen de manera significativa a la innovación y el crecimiento. También se crea un Marcador anual que hará un seguimiento de la normativa en los diferentes Estados miembro, más de un tercio de la carga administrativa de las PYME pertenece a la legislación nacional. También estudiará de cerca como se traspone lo relativo a estas diez normas más gravosas y abogará ante los diferentes estados para que la reducción de la carga administrativa sea una prioridad.