El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha defendido hoy en Budapest ante la Comisión europea su polémica Ley de Medios, criticada desde sectores profesionales, institucionales y políticos por temor a que sea una herramienta de censura encubierta, y se ha comprometido a modificarla si Bruselas lo considera necesario.

El ejecutivo comunitario ha viajado a la capital húngara para lanzar la presidencia semestral, ensombrecida desde el comienzo por la nueva legislación sobre los medios de comunicación de Hungría. Allí ha escuchado los argumentos del primer ministro quien, igual que hizo ayer ante los periodistas, ha rechazado las críticas y se ha puesto en manos de la Comisión para que decida si la controvertida ley se ajusta al derecho comunitario. Si la decisión es que no, Orban se compromete a cambiarla. Aún así, ha aclarado que «si no hay sentido común y motivos razonables, no habrá cambios».

El gobierno húngaro insiste en que la Autoridad que ha creado con capacidad para imponer multas a los medios que no respeten «la dignidad humana», es similar a la que existe en otros países de la UE y que no se crea para censurar. Como ejemplo, se habla del reality televisivo Gran Hermano, que retransmitió en directo la muerte por ataque cardiaco del futbolista húngaro Mizlos Feher. El primer ministro se ha comprometido también a seguir de cerca la aplicación de la nueva ley.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, se ha mostrado confiado en la «gran responsabilidad» de la presidencia húngara y dice haber recibido garantías del gobierno de Budapest para que la ley se desarrolle con pleno respeto a los valores de la Unión Europea sobre la libertad de prensa. Para Barroso, es motivo de confianza que Orban se comprometa a cambiarla si Bruselas encuentra aspectos de la ley criticables. El gobierno húngaro ha enviado a Bruselas las 194 páginas de la Ley de Medios para que se traduzca y analice.

Impuesto a las empresas, no discriminación

El otro asunto que también ha enturbiado el arranque de la presidencia húngara es el impuesto contra la crisis aprobado para los sectores de las telecomunicaciones, energético y minorista, que ha sido calificado de discriminatorio por las empresas extranjeras establecidas en Hungría. Viktor Orban lo ha defendido para que las empresas también participen en el reparto de la carga a la hora de relanzar la competitividad del país.

También en este caso, según Barroso, Bruselas está analizando la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario y las quejas recibidas desde algunas grandes empresas europeas.