La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado hoy sentencia por la gestión del naufragio del Prestige en 2002. La Audiencia considera que no hubo imprudencia, ni actuación dolosa, ni por parte del capitán del barco Apostolos Mangouras, ni de ninguna autoridad española. Todos los que tomaron decisiones durante las horas críticas tras la ruptura del casco del viejo petrolero, «son inocentes de un delito contra el medio ambiente». Contra la sentencia de la Audiencia Provincial queda el recurso extraordinadio de casación ante el Tribunal Supremo.
El fallo destaca que no hubo víctimas humanas y que considera probada «la recuperación tanto en términos económicos como ambientales» a lo largo de los 2.000 kilómetros de costa que se tiñeron de negro hace ahora 11 años. La sentencia considera que en el accidente tuvo que ver «el deficiente estado de mantenimiento y conservación del buque».
También señala que ninguna de las personas que controlaban el buque eran «conscientes del peligro que representaba la nave para la navegación». Los jueces coinciden en que los expertos discrepan sobre la decisión más adecuada que debe tomarse ante una situación similar a la que sufrió el Prestige, aunque reconocen que el capitán retrasó de forma «inaceptable» el remolque del petrolero para primar los intereses del armador, que quería salvar la carga antes de permitir que se acercara el barco a la costa. Para los grupos ecologistas la sentencia es una burla a la sociedad.
Hoy hace 11 años, el petrolero Prestige, de bandera panameña, lanzaba un SOS tras sufrir daños durante una tormenta en la costa de Finisterre. Las autoridades españolas ordenaron llevar a alta mar el buque, que estuvo seis días soltando unas 77.000 toneladas de fuel y dejando una marea negra en las costas del norte de la península Ibérica y del sur de Francia. Los daños ecológicos y el gasto de limpieza del litoral, se elevó a unos 4.328 millones de euros, según cálculos de la Fiscalía. La aseguradora londinense del barco London Steam-Ship Owners Mutual Insurance, depositó en 2002 una fianza de 22 millones de euros.
El 12 de diciembre de 1999, el Erika, un buque de 25 años de bandera maltesa, fletado por la petrolera francesa Total, contaminó las costas de Bretaña, causando una catástrofe medioambiental. Aunque el abogado general intentó anular el procedimiento por considerar que la justicia de su país no era competente en el caso de un naufragio de un buque extranjero fuera de sus agua territoriales, el juicio se llevó a cabo. La justicia consideró que el vertido involuntario de hidrocarburos era de su competencia porque había dañado su litoral. Aun así Total, la empresa que había fletado el barco, solo pagó 171 millones de euros. La Corte de Casación francesa reconoció que toda persona que interviene de manera equivocada en el marco de un naufragio contaminante puede ser responsable penal y civilmente.
