Doha, (IPS) - La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado bombardeos a civiles en panaderías y hospitales, y acusó al régimen de Bashar Al Assad de cometer crímenes de guerra. En un informe titulado «Death from the Skies» (Muerte desde los cielos), HRW señala que «los individuos que cometen graves violaciones a las leyes de la guerra, sea deliberadamente o por negligencia, son responsables de crímenes de guerra». «Los bombardeos del gobierno sirio que han matado... a civiles parecen ser parte de ataques sistemáticos y propagados contra la población civil».
La organización, con sede en Nueva York, basa sus conclusiones en investigaciones en áreas rebeldes de tres provincias sirias azotadas por la guerra. El grupo ha documentado ataques aéreos contra cuatro panaderías y dos hospitales, entre otros objetivos civiles. El hospital de Dar al-Shifa, en la ciudad de Aleppo, fue bombardeado al menos en cuatro oportunidades. El investigador de emergencias de HRW, Ole Solvang, afirma que «aldea tras aldea, encontramos a una población civil aterrorizada por la propia fuerza aérea de su país». Añade que «esos ataques aéreos ilegales mataron e hirieron a muchos civiles, causando destrucción, temor y desplazamientos».
Citando testimonios de una red de activistas, HRW señala que «los ataques aéreos mataron a más de 4.300 civiles en toda Siria desde julio de 2012». El informe detalla el uso de bombas de gran capacidad explosiva, que a veces destruían por completo varias casas en un solo ataque.
«Al principio no lo reconocimos»
Un residente de la localidad de Azaz explicó a HRW que al menos 12 miembros de su familia murieron cuando su vivienda fue bombardeada el 15 de agosto del año pasado. «Enterré a 12 de mis familiares... incluyendo a mi padre, mi madre y mi hermana. También a la esposa de mi hermano», dijo el hombre, que se identificó como Ahmed.
El cuerpo de «Walid, mi hermano, quedó hecho pedazos. Al principio no lo reconocimos. También enterramos a sus hijos. El más joven tenía 40 días de vida», añadió. Uno de los explosivos utilizados en los ataques contra Azaz fue una poderosa bomba de fragmentación con «capacidad para causar víctimas en un radio de 155 metros», según detalles ofrecidos por HRW.
Las fuerzas de Al Assad también usaron bombas de racimo, misiles balísticos y armas incendiarias, indicó el grupo. «Es importante subrayar que esos combates continúan. El domingo, un ataque aéreo sobre la ciudad de Aleppo mató a 17 civiles. La semana pasada, una bomba de racimo acabó con la vida de otras 11 personas», explica Solvang a la agencia de noticias AFP.
Mientras, la organización hace un llamamiento a la comunidad internacional a intervenir para poner fin a las violaciones a los derechos humanos en Siria. «HRW llama a los gobiernos y a las compañías a detener de inmediato el suministro de armas, municiones y material bélico en general a Siria, frente a la evidencia convincente de que el gobierno comete crímenes contra la humanidad», según la organización.
Solvang explica que los vetos de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta ahora han bloqueado todas las acciones internacionales contra Damasco. Pero sostiene que eso no debe impedir que los gobiernos preocupados por la crisis «aceleren sus propios esfuerzos para obligar al régimen sirio a que ponga fin a esas violaciones». El mes pasado, el gobierno de Al Assad dijo rechazar «categóricamente» la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de prolongar su investigación sobre Siria, y acusó a ese órgano de estar «sesgado y desequilibrado».
También ACNUR y varias ONGs alertan de que los programas básicos a la asistencia humanitaria para los refugiados en el Líbano se están interrumpiendo por la falta de fondos. Según la agencia de Naciones Unidas, «con este nivel de financiación, programas vitales para asegurar alimentos, agua potable, escolarización de niños, salud y cobijo a los refugiados recién llegados son sencillamente imposibles de cubrir». Actualmente hay más de 400.000 sirios refugiados en el Líbano y hay un flujo constante de unas 3.000 personas diarias. Muchos se refugian en casas particulares, pero cada vez les es más difícil poder pagar los alquileres mensuales, y más familias corren el riesgo de ser desahuciados.