Desde marzo de 2011, las autoridades de Siria han sometido a decenas de
miles de personas a torturas, violaciones y otros abusos sexuales y detenciones ilegales, castigos que en algunos casos han llevado a la muerte, según asegura un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW).
«Creo que solo hemos rascado en la superficie», nos dice el subdirector de HRW para Medio Oriente y África del norte, Nadim Houry, quien calcula que los detenidos son varios miles».
El informe Archipiélago de tortura: Arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en las prisiones clandestinas de Siria desde marzo de 2011» se realizó en base a entrevistas a más de 200 personas, tanto expresos como desertores del ejército sirio y de las agencias de inteligencia, presenta informes sobre 27 centros de detención. Entre las víctimas hay hombres, mujeres, ancianos y menores.
El documento identifica a las cuatro principales agencias de inteligencia, llamadas «mukhabarat», como responsables y a cargo de los centros de detención.
Rupert Colville, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dice que «Hay muchas otras situaciones en las que funcionarios, incluido personal del ejército y de inteligencia, han sido acusados y condenados por graves violaciones de los derechos humanos, como torturas, cuando las circunstancias en el país cambiaron».
Las personas entrevistadas denuncian varios métodos de tortura, como la aplicación de picana eléctrica, palizas, simulacro de ejecuciones, exposición al frío y al calor, colgar cabeza abajo a los detenidos u obligarlos a mantenerse despiertos durante días, y el uso de ácido.
Uno de los soldados detenidos en el centro de Latakia describió los tormentos a los que fue sometido: «El guardia trajo dos picanas eléctricas. Puso una en mi boca y otra en mi pie. Luego comenzó a encenderlas y a apagarlas rápidamente. Lo hizo unas siete y ocho veces. Sentí que era el fin, que no iba a salir de ese lugar».
Un hombre detenido en el centro de Kafr Souseh relató: «La falta de sueño y los plantones hicieron que la gente comenzara a enloquecer y a alucinar. Hubo unas cinco o seis personas en mi celda que perdieron la razón».
Respecto al trato que reciben las víctimas de la tortura, Houry señala: «Varía según las necesidades, y también según el país». Dice que la mayoría de las víctimas entrevistadas recibieron atención en los países vecinos. «Es necesario realizarles un mayor seguimiento psicológico. Hay organizaciones no gubernamentales que ofrecen ese servicio», apunta.
HRW también entrevistó a varias personas que fueron testigos de la muerte de compañeros y cinco desertores de las fuerzas de seguridad que presenciaron la ejecución de detenidos y palizas que derivaron en la muerte de la víctima. Desde marzo de 2011, el Centro de Documentación de Violaciones, de Siria, ha registrado los nombres de 575 personas que murieron en esos centros de detención.
«En muchos casos, las familias de las personas muertas bajo custodia debieron firmar documentos que afirmaban que grupos armados mataron a sus familiares, y tuvieron que prometer no hacer un funeral público como condición para recibir el cuerpo», señala el documento de HRW.
También recomienda que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclame acceso a todos los centros de detención de Siria, y despliegue observadores especialmente capacitados para identificar violaciones de género y entrenadas para trabajar con niños y niñas.
Además exhorta al Consejo de Seguridad a derivar la situación de Siria a la http://www.icc-cpi.int/» target Corte Penal Internacional y a reclamar que puedan tener acceso a esos centros las misiones humanitarias, periodistas extranjeros y organizaciones de derechos humanos.
HRW también urge a Rusia y a China a apoyar las acciones del Consejo de Seguridad en Siria, a suspender la asistencia y la venta de armamento militar a Damasco, y a «condenar con dureza la sistemática violación de derechos humanos por parte de las autoridades sirias».
También se insta a todos los países para que adopten sanciones puntuales contra funcionarios sirios implicados en violaciones a las leyes internacionales de derechos humanos. «Se puede hacer más, pero creo que la prioridad es que observadores de la ONU, entre otros, puedan acceder a estas personas detenidas», indica Houry.
«Organizaciones no gubernamentales internacionales, proveedores de asistencia humanitaria, la ONU y otras organizaciones locales deben crear, ampliar y mejorar el acceso médico, psicológico, social y legal para hombres y mujeres víctimas de abusos sexuales dentro y fuera del país», remarca.
Siria tiene suscrito tratados para prohibir la tortura en todas las circunstancias, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueless, Inhumanos y Degradantes.
Colville indica que «Podrá llevar años, incluso décadas, pero cada vez son más las formas para que los culpables sean llevados ante la justicia».