La respuesta de las autoridades ha sido simplemente retirarlos por consideraciones de seguridad y de salud. Muchos iraquíes han aceptado una oferta del ministro de Integración, Gerd Leers, de enviarlos a un centro oficial de refugiados.

No saben qué pasará después. «Hablamos con sus representantes», indica Hadi Abu Sanad, portavoz de los manifestantes iraquíes en Ter Apel, en el norte de Holanda. «El ministro nos dijo que hará todo lo posible para mandarnos de vuelta. Pero sabemos que el gobierno iraquí mantendrá su postura de que no se puede obligar a nadie a regresar a Iraq». Aclara que «Nunca firmaremos de forma voluntaria regresar a nuestro país. Pero queremos mostrar que no somos provocadores. Respetamos a las autoridades, y esperamos que esto les ayude a encontrar soluciones para nosotros».

Mustafa, un iraquí que no quiso dar su verdadero nombre y que habla perfectamente holandés dice «Volver a Iraq es como una deportación», y explica su situación «Estoy casado con una holandesa, tenemos un hijo y esperamos otro. No tengo adonde ir en Iraq ni razón para vivir allí».

El iraní Seyed ha perdido las esperanzas. Hace un año terminó el trámite para solicitar asilo, sin éxito. «Me hice cristiano en Irán y eso me creó muchos problemas. Todo es imposible para mí allí. Durante algunos meses me ayudó una iglesia, no sé que hacer. No sé. No tengo futuro aquí porque el gobierno no me cree cuando digo que soy cristiano».

El centro del problema es la llamada «política de retorno», que no es realista, indica Anne-Els Jansen, de Vluchtelingenwerk (http://www.vluchtelingenwerk.nl/english/english.php), el Consejo

Holandés para los Refugiados. «Muchas de las personas que no obtienen permiso son verdaderos refugiados, que temen por su vida en sus propios países. Nunca regresarán. Además, muchas de ellas han sido aceptadas de forma temporal, porque su país se considera demasiado peligroso», añade que «ese es el caso de muchos de los iraquíes del campamento de protesta. Su permiso no ha sido renovado porque su país ahora se considera seguro. Pero algunas regiones todavía son muy peligrosas. Mueren entre 300 y 400 personas al mes», aclara.

Cuando los solicitantes de asilo no reciben el estatus de refugiado y no quieren regresar a su país, simplemente son expulsados del centro de residencia oficial. «Los acompañan hasta la puerta y los envían a la calle», indica Jansen. «Pero incluso la gente que quiere regresar suele ser abandonada a su suerte, por ejemplo porque no pueden probar quienes son o porque su país está en guerra».

«Ese es el problema que tienen los somalíes en el campamento de protesta. Las autoridades no han conseguido enviar a uno solo de ellos a su país debido a la guerra civil. Es un escándalo cómo los trata el gobierno. Creen que es responsabilidad de la persona regresar, pero eso es imposible».

Todos los años, unos 5.000 solicitantes de asilo «quedan con destino desconocido», como se los considera oficialmente. No está claro cuántos de ellos permanecen en Holanda. Muchos son detenidos cada vez que la policía los encuentra, pero suelen ser liberados después de semanas o meses si la deportación sigue siendo imposible.

El gobierno derechista redactó este año una ley para penalizar dicha ilegalidad. Cuando una persona reciba la orden de abandonar el país, no podrá quedarse. Las que no tengan pasaporte serán multadas o detenidas.

«La política de retorno no es realista y deja a la gente desesperada y sin perspectivas», indica Jansen. «Todo queda en manos de la persona. Pero muchas ni siquiera pueden intentar regresar ni viajar a otro país porque no tienen documentos. Están literalmente varadas».