Las familias aportaron el 91,52 por ciento de la recaudación del Estado, mientras las grandes empresas contribuyen con un 1,98 por ciento. Sucedió en 2011, el último ejercicio del que existen datos desagregados. Y la tendencia se confirmó en 2012, último año con cifras disponibles aunque sin clasificarse por tipos de empresas, que la ciudadanía aportó el 90,76 por ciento de los ingresos del país.

Para hacer frente a esta situación, la organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo propone poner coto al fraude fiscal, blindar las cotizaciones sociales y gravar más la acumulación de la riqueza. «Hacienda no somos todos. Mientras tú pagas, las grandes empresas tributan diez veces menos, tienen filiales en paraísos fiscales y son responsables del 72 por ciento del fraude fiscal en España», aseguran desde Intermón.

El Gobierno se comprometió, a través del Ministerio de Hacienda, a enviar su propuesta de reforma fiscal al Congreso en junio. Así que, previsiblemente, en los próximos días dará a conocer su proyecto de ley, que afectará al menos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) así como al Impuesto de Sociedades.

Oxfam Intermón ha aprovechado la coyuntura para presentar el informe 'Tanto tienes, ¿tanto pagas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa', que pone en evidencia «la gigantesca inequidad del sistema fiscal español que, lejos de reducir las desigualdades, la incrementa».

Entre las medidas que pone sobre la mesa esta fundación privada destacan las de gravar más a los que más tienen, elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas, recuperar los impuestos para las grandes fortunas, frenar la subida del IVA (según el estudio, las subidas al impuesto sobre el valor añadido han tenido «un claro efecto negativo»), blindar las cotizaciones sociales y destinar más recursos tanto humanos como materiales a la lucha contra el fraude.

«El tremendo incremento de los niveles de desigualdad económica en nuestro país desde el inicio de la crisis lastra las posibilidades de crecimiento económico y el consumo y son moralmente inaceptables porque impiden la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los derechos sociales. Es imperativo que nuestro país deje de ser el segundo más desigual de Europa», explica el director general de Oxfam Intermón, José María Vera, quien considera que el Estado español «recauda poco y mal y desde el inicio de la crisis ha pedido un esfuerzo titánico a las familias y las clases medias. Mientras, permitimos que las grandes empresas se embolsen miles de millones de euros en beneficios fiscales».

En riesgo de pobreza o exclusión una de cada tres personas

Estos desequilibrios se producen en un contexto de crisis que ha dejado cerca de seis millones de parados en el país. El mensaje de recuperación económica que lanza desde hace meses el Gobierno del Partido Popular, que ha revisado al alza sus perspectivas macroeconómicas para este año, contrasta con la versión de los sindicatos, quienes aseguran que al país aún le queda mucho trayecto para salir de la crisis.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de poner números concretos sobre la mesa, que sirven para dibujar un mapa de la dispar situación que pintan unos y otros. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), publicada el pasado 27 de mayo con datos de 2013, revela en este sentido que prácticamente uno de cada tres residentes (el 27,3 por ciento) en España se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social. Son estimaciones que toman como referencia el indicador AROPE (del inglés, At Risk Of Povery and Exclusion), que combina los conceptos de riesgo de pobreza, carencia material y baja intensidad en el empleo.

La situación es más dramática cuanto menor es el nivel de educación: el 25,1 por ciento de la población con educación primaria o inferior está en riesgo de pobreza, frente al 8,5 por ciento de quienes tienen estudios superiores. Además, los datos del INE revelan que casi uno de cada diez hogares (el 9,3 por ciento) afronta retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.

Violencia contra los más pequeños

En esta misma línea de crisis, la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) ha alertado recientemente de un aumento «alarmante» de la violencia hacia los menores. Entre las razones destacan «las dificultades económicas, la situación de desempleo y la falta de recursos. Esto hace que aumente en muchas familias la agresividad y la hostilidad», explica la directora del Teléfono ANAR, Leticia Mata.

Según confirmó Mata durante la presentación del último estudio elaborado por esta organización sin ánimo de lucro, durante 2013, una de cada diez llamadas (el 10,3 por ciento) de orientación especial que recibieron estaban relacionadas con el maltrato físico en el entorno familiar. Así lo explica su directora: «Esto nos demuestra una vez más que la violencia hacia los menores de edad existe, que es un hecho aunque permanezca oculto».