El trío de Instituciones europeas, El Consejo, el Parlamento y la Comisión han llegado a un acuerdo de principios sobre la aplicación de la Iniciativa ciudadana, uno de los instrumentos importantes que introduce el Tratado de Lisboa, por el que un millón de ciudadanos de diferentes Estados miembros pueden solicitar cambios en la legislación de la Unión.

En primer lugar, han llegado a un acuerdo acerca de la edad mínima necesaria para firmar una iniciativa. Sería la edad que cada país tiene fijada para votar en las elecciones al Parlamento Europeo. También ha quedado fijada la verificación de la admisibilidad que será en el momento en el que se registre.

Por otra parte han llegado a acuerdos de principio acerca de las auditorías y sobre los datos que se pedirán a los ciudadanos que firmen la iniciativa. El Parlamento Europeo quiere simplificar esos trámites suprimiendo la obligación de dar un número de tarjeta de identificación al registrarse. En opinión de los europarlamentarios, el nombre del firmante, su dirección, nacionalidad y la fecha y lugar de nacimiento deberían bastar, y serían los Estados miembros los encargados de verificar la autenticidad de las firmas.

También se ha acordado la creación de un comité ciudadano que organice la iniciativa y que se comunique con las instituciones europeas, así como limitar la capacidad para apoyar una iniciativa ciudadana únicamente a las personas físicas.

El Parlamento no ha conseguido acortar el período de tiempo que necesitan los Estados miembros para adaptar los procedimientos que pongan en marcha la iniciativa, al parecer una mayoría de Estados miembros ha pedido que ese tiempo sea de 12 meses.

Ya hay iniciativas esperando para ser aceptadas, las organizaciones Avaaz y Greenpeace alcanzaron el pasado 28 de septiembre el millón de firmas de ciudadanos europeos de todos los Estados miembros que se oponen al cultivo de transgénicos.