Miembro del Partido Nacionalista de Malta, es famoso por su extremismo militante contra el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos humanos de gais, lesbianas y transexuales y la negación de la dignidad y derechos fundamentales de la población inmigrante.

El futuro comisario, que gestionará los planes europeos contra el sida, la investigación biosanitaria o la estrategia de salud sexual y reproductiva, es un ultracatólico confeso y activista que llegó a negar a las parejas del mismo sexo maltesas el derecho a acceder a una vivienda pública.

Su activismo considera que el aborto es un «crimen» y que la homosexualidad está relacionada con la pedofilia o trastornos mentales. De hecho, es Malta el país de la Unión Europea donde la homosexualidad sufre su peor estigma social y el único territorio europeo donde está taxativamente prohibido interrumpir el embarazo. Aunque el feto sea inviable y ponga en grave riesgo la salud y vida de la madre.

Otro de los logros de este ultranacionalista maltés es su implicación en la ofensiva contra la supresión en las escuelas públicas de los crucifijos. Para Borg, Estado y confesionalidad religiosa –católica, por supuesto- sí merece la protección que niega constantemente a la diversidad sexual o a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

Entre los capítulos más negros de su historial se encuentra la repatriación de 200 ciudadanos eritreos a su país de origen, aun sabiendo que las vidas de éstos corrían serio peligro en Eritrea, de donde escaparon por motivos de persecución política.

Durante el tiempo que gestionó el sistema penitenciario maltés, Borg fue acusado de querer violar los derechos fundamentales de los detenidos. Aunque , sin duda, la acusación más grave que pesa sobre el nuevo comisario de Salud y Política de Consumidores es que, como ministro de Asuntos Exteriores, facilitó el derecho de residencia a Rackhat Aliyev, exjefe de la policía política de Kazajistán, perseguido por el Estado kazajo tras asesinar a dos banqueros de su país.

Sin embargo, ninguno de estos argumentos ha servido para que los eurodiputados, en votación secreta y por una amplia mayoría, hayan decidido que Tonio Borg no está capacitado para cumplir, hacer cumplir y desarrollar la Carta Europea de Derechos Fundamentales, incluidos los derechos de mujeres, gais, lesbianas, transexuales, detenidos, inmigrantes, exiliados políticos y no católicos.

El centro-derecha europeo, agrupado en el Grupo Popular (269 eurodiputados), ya anunció que votaría unánimemente a favor del polémico político maltés. Por lo que todo apunta a que la unión de los votos de los populares europeos, junto a las voluntades del grupo donde se sientan los 34 eurodiputados de la Liga Norte y sus afines continentales, más los 53 euroescépticos y conservadores ultras del grupo liderado por los tories británicos, más la docena de «amigos» de Jean Marie Le Pen, un grupúsculo neofascistas sentados en el Grupo No Inscritos, ha neutralizado la presión social de organizaciones de derechos humanos.

Liberales, verdes, postcomunistas y la mayoría de los socialdemócratas europarlamentarios se han opuesto al nombramiento del nuevo comisario de Salud y Política del Consumidor. Sin embargo, entre las filas socialistas el voto no ha sido unánime. El mismo líder de los socialdemócratas del Europarlamento, el austriaco Hannes Swoboda, afirmó de antemano que votaría a favor de Tonio Borg.

Este hecho ha sentado mal a los eurodiputados socialistas españoles que consideran «incomprensible romper la unidad de voto cuando de defender derechos fundamentales se trata. Asimismo, parlamentarios del PSOE sospechan que, junto a Swoboda, han votado también algunos diputados socialistas alemanes y austriacos.

Sea como fuere, la realidad es que Tonio Borg será un comisario cuestionado, desde su mismo nombramiento, en virtud de un historial que alarga la duda sobre su idoneidad para representar a la ciudadanía. La democracia gana siempre y hoy ha ganado la ideología de la intolerancia contra la diversidad.

Una ideología que ocupa la mayoría de los escaños del hemiciclo de Estrasburgo porque recibió la mayoría de los votos de los pocos electores que acudieron a depositar su voto en las últimas elecciones europeas. Así que las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los partidos políticos de izquierda están obligados a convencer a la ciudadanía de que, para construir una Europa progresista y tolerante, es necesario que los europeos se conciencien de que en los comicios europeos se deciden cosas que contribuyen a la felicidad de todos los días.