ATENAS, (IPS) - A la vez que se hace más profunda la crisis de la deuda soberana en la eurozona, el sector laboral de Grecia está cada vez más aplastado por un plan de austeridad que no ha logrado ningún cambio positivo hasta ahora. El gobierno sigue apretando el cinturón en torno al gasto público sin escuchar a los economistas que consideran que es un camino equivocado para contener la crisis. Los trabajadores griegos pierden poco a poco la poca protección que les quedaba.

El gobierno griego planea recortar los salarios y suspender los aumentos previstos en el Convenio Colectivo Nacional para el próximo verano, en un esfuerzo por pagar la deuda pública de 14.400 millones de dólares a los donantes internacionales para el 20 de marzo. Líderes sindicalistas y renombrados economistas como Giannis Milios, profesor de la Escuela Politécnica de Atenas, coinciden en que las medidas son una «evidencia del deseo de las grandes empresas de desregular brutalmente el mercado laboral».

Mientras, se espera que Grecia complete una negociación por la condonación de parte de su deuda y por el intercambio de bonos con inversores privados, en tanto implementa medidas acordadas en 2011 con la denominada troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, para recibir un nuevo paquete de asistencia financiera este año. Sin este rescate, Grecia no podrá pagar en marzo próximo y posiblemente caiga en un círculo vicioso de suspensión de pagos.

El mayor defensor de las reformas exigidas por la troika es el propio primer ministro, Loukas Papadimos, un tecnócrata exfuncionario del Banco Central Europeo que tomó el control de la coalición de gobierno en noviembre pasado y que ahora promueve los recortes salariales. Numerosos analistas, incluidos expertos de la Organización Internacional del Trabajo, no creen que las reformas en el mercado laboral aseguren el éxito del plan de ajustes estructurales.

La analista laboral Christina Kopsini nos dijo que, mientras el gobierno y el sector privado forcejean por el margen de la condonación de la deuda, los trabajadores son los que llevan la peor parte, al verse obligados a hacer más cesiones de sus derechos y de sus magros ingresos. «Hay que tener en cuenta que las únicas medidas de austeridad implementadas sin demora en los últimos dos años han sido las que se referían a la desregulación del mercado laboral y a la abolición de leyes básicas que protegen a los trabajadores», observó.

A pesar de las masivas protestas contra esas medidas, el gabinete de Papadimos admitió estar dispuesto a pasar del Parlamento para aplicar los recortes salariales. También chantajeó abiertamente a los sindicatos y a las asociaciones empresariales, amenazando con hacerles responsables de la bancarrota del país si no cumplían con los recortes salariales, que definió como «la única forma de salvar a Grecia».

La decisión de Papadimos de permanecer leal a los intereses corporativos en lugar de ponerse del lado de los trabajadores, ya afectados por la crisis, ha sido duramente criticada en el Parlamento por los partidos de izquierda y por los sindicatos que consideran que el capital organizado aprovecha la crisis económica para inclinar la balanza del poder aun más a su favor.

«Tras dos años de austeridad, que generó un desempleo por encima del 19 por ciento, se hace más obvio que el objetivo estratégico del plan de ajuste estructural no es la consolidación fiscal, sino la total desregulación del mercado de trabajo y una severa devaluación de la fuerza laboral», nos dijo el economista Savvas Robolis. «Los recortes son solo otro paso para ganar impulso hacia la completa abolición del salario mínimo en el país, el deseo secreto de los capitalistas», añadió este profesor de la Universidad Panteion de Atenas y director del Instituto del Trabajo. «Tenemos que recordar que 2013 será un año de reformas constitucionales. Pronostico que, durante este año, el artículo 22 (con disposiciones que protegen los convenios colectivos nacionales) será severamente atacado», dijo Robolis.

La ofensiva contra la última línea de defensa de los trabajadores griegos comenzó en 2010, cuando la ministra de Trabajo, Louka Katseli, introdujo cambios legales en las negociaciones laborales con las compañías privadas a instancias de la troika. Según la Inspección de Trabajo, 52 empresas aprovecharon esas reformas legales para reducir sus gastos en salarios entre el 42 por ciento y el 10 por ciento, afectando al sueldo de 17.531 empleados.

Giorgos Xatzinikolaou, empleado en una importante compañía de seguros, dice que el miedo al desempleo mantiene a gran parte de los trabajadores en silencio. «Uno se siente solo. Los sindicatos no son de fiar y son débiles, y la gente que trabaja se calla», indicó, añadiendo que acababa de aceptar una reducción salarial del 20 por ciento en su nuevo «contrato». «Si miras lo que está pasando ahí afuera, simplemente cierras la boca y firmas», añadió.