Los medios de comunicación de Turquía se apresuraron a informar sobre el arresto, describiendo a Görbüz como un izquierdista radical y líder regional del Partido Comunista Marxista Leninista, señalado como organización terrorista por el gobierno turco.

El día en que Görbüz fue detenido, también lo fue Bulent Aytunc Comert, que había llegado a Grecia como solicitante de asilo en 2002. Su petición había sido aprobada en 2003, pero nunca emitida por el Ministerio de Policía.

Catalogado por las autoridades turcas como miembro del Partido/Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C), Comert estaba considerado como fugitivo. Fue recluido en las célebres unidades de confinamiento solitario conocidas como las «celdas blancas», víctima de una, según él, inventada acusación de asesinato.

Görbüz y Comert llegaron a Grecia huyendo de la persecución política y, como muchos otros disidentes turcos y dirigentes kurdos, ahora están varados en una tierra de nadie, suspendidos entre el altamente burocrático sistema de inmigración y asilo de Grecia, y un gobierno extremadamente hostil en Turquía.

Ahora salen a la luz señales de un acuerdo secreto para devolver a Turquía a personas que solicitaron asilo en Grecia, mientras que los activistas por los derechos humanos alertan sobre los graves impactos del plan griego de extraditar a quienes necesitan protección internacional por cargos penales que podrían ser inventados por las autoridades turcas.

Según informes de prensa de Turquía, una reunión celebrada el 4 de febrero entre el jefe de policía turco, Mehmet Kiliçlar, y su par griego, Nikolaos Papagiannopoulos, terminó con la promesa de este segundo funcionario de desmantelar las «células terroristas turcas» de izquierdistas radicales, así como de kurdos en Grecia.

Un mes después, el 4 de marzo, el primer ministro griego, Antonis Samaras, visitó Turquía para participar en una reunión de alto perfil con su contraparte, Recep Tayyip Erdogan, en Estambul. Allí, ambos jefes de Estado firmaron 25 acuerdos de cooperación en áreas como la salud, el turismo y el combate a las migraciones ilegales.

El mismo día, la Institución Estratégica de Ankara destacaba queinversiones privadas turcas en Grecia se habían usado como herramienta de presión para promover el acuerdo sobre las extradiciones.

Más tarde se conocieron otros informes sobre los preparativos para las extradiciones, pero el gobierno griego todavía no ha respondido sobre ninguno.

Además de Görbüz y Comert, otros tres solicitantes de asilo han sido arrestados desde febrero, entre ellos Meric Serkan, el 14 de febrero, Fadik Adauman, el 26 del mismo mes, y Huseyin Cakil, el 6 de abril.

A todos los buscan las autoridades turcas por «actividad terrorista» y, según el Consejo Griego para los Refugiados, los cinco han sido víctimas de torturas durante su detención en Turquía.

El activista Movimiento por la Libertad y los Derechos Democráticos, que ha denunciado el acuerdo entre las autoridades turcas y griegas, mantiene que si se obliga a los disidentes de Turquía a regresar no hay ninguna garantía de seguridad para ellos.

«Las personas arrestadas en el marco de la ley antiterrorista turca son sometidas a una prolongada detención, con un límite temporal indefinido y sin acceso a su expediente hasta que se inicie el juicio (lo que podría ocurrir dos años después)», según un comunicado publicado en el sitio web de la organización.

«Esto también podría significar que queden sujetos a la jurisdicción y órbita de tribunales especiales, por cuya actividad Turquía ha sido condenada varias veces por la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, dado que estos tribunales usan (...) como 'prueba' confesiones obtenidas mediante torturas», agrega.

El caso de Cakil fue objeto de juicio en la ciudad griega de Tesalónica y, dado que su solicitud de asilo fue informalmente aceptada y está a la espera de que la emita el Ministerio, la medida para extraditarlo fue denegada.

Görbüz y Comert, aprehendidos en Patras, a unos 215 kilómetros al occidente de Atenas, tampoco fueron extraditados, pero ahora tienen que comparecer ante un tribunal de segunda instancia.

Como la mayoría de los casos en Atenas llevan meses e incluso años hasta llegar a la justicia, y aún más una decisión, esta «rápida respuesta de las autoridades griegas. es ilustrativa de los intereses políticos (tanto griegos como turcos) que hay detrás de cada caso», nos comenta el abogado Dimitris Sarafianos, miembro de la Asociación Europea de los Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH, por sus siglas en inglés).

Sarafianos cree que es «extraño» que el fiscal del tribunal de segunda instancia apelara la decisión «en absoluta contradicción con el hecho de que el fiscal de la audiencia había señalado que los cargos eran fuertemente infundados, requiriendo la continuación de la detención de un refugiado (Görbüz)».

«Dados los persistentes rumores relativos a un acuerdo secreto entre los dos primeros ministros, Samaras y Erdogan, a propósito de los asuntos de extradición de solicitantes de asilo a Turquía, está claro que el gobierno griego está dispuesto a violar las Convenciones de Ginebra», dice el abogado.

Según Sarafianos, que participó en una misión investigadora de la ELDH a Turquía, alrededor de 10.000 ciudadanos de origen kurdo enfrentan cargos actualmente, igual que decenas de sindicalistas turcos en los sectores público y privado, profesores, estudiantes y abogados defensores de los derechos humanos.

El acuerdo de extradición que actualmente se forja con las autoridades griegas parece ser parte integral de esta oleada de detenciones y arrestos de disidentes políticos, así como de presuntos miembros del DHKP-C -catalogado como organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea- y miembros de la Asociación de Abogados Contemporáneos de Turquía.

A comienzos de este año, Erdogan se apresuró a conectar al DHKP-C con el atentado del 1 de febrero contra la embajada de Estados Unidos en Ankara.

Kerem Oktem, experto en política turca contemporánea e investigador del Centro de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, nos dijo que aunque las detenciones «causaron grandes protestas. muchas de las personas arrestadas están íntimamente relacionadas con el DHKP-C, que se atribuyó la responsabilidad por el ataque contra la sede del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y el Ministerio de Justicia, perpetrado el 11 de marzo en Ankara».

Aunque Oktem reconoció que «miembros de varias organizaciones de la sociedad civil y grupos de estudiantes fueron llevados a prisión, a menudo en base a evidencias endebles y a la ley de antiterrorismo, que puede usarse para acusar a toda forma de disenso bajo el rótulo de terrorismo», cree que sería incorrecto decir que la ofensiva está dirigida únicamente contra voces civiles opositoras.

A menudo busca aprehender a «grupos e individuos que mantienen relaciones con grupos terroristas reales», afirma.