Grecia necesita que los prestamistas internacionales le entreguen el siguiente tramo del rescate para no caer en bancarrota, pero considera que un nuevo tijeretazo sería inasumible. Los funcionarios de la troika quieren que el gobierno griego baje otra vez las pensiones, abarate el despido, liberalice horarios de trabajo , despida a 150.000 funcionarios y cierre más de cien empresas estatales.

El primer ministro, Antonis Samaras, ya ha advertido de que «la sociedad no aguanta más recortes». El paro supera ya el 24% y la producción industrial cayó en julio un 5%, con todos los indicadores apuntando a que la economía griega se contraerá por quinto año consecutivo y llevará al país estadísticamente a la peor recesión desde la posguerra.

«Es una discusión difícil», dijo el ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, en declaraciones a la prensa tras el encuentro. «Estamos intentando convencerlos de la solidez de nuestras posiciones». Según medios informativos griegos, el gobierno habría propuesto a la troika ahorrar en gasto farmacéutico y de defensa, pero los funcionarios de la UE rechazan el plan.

La negociación pone en peligro además la coalición de gobierno, porque los socios de Samaras, socialistas y de izquierda moderada, no parecen dispuestos a aceptar las imposiciones europeas. Es un callejón sin salida porque si el segundo plazo del rescate, de 31.500 millones de euros, no llega a finales de octubre, el gobierno no podrá pagar salarios y pensiones, lo que le abriría la puerta para salir de la eurozona.