Estas dos fuerzas han chocado en la reunión plenaria de este martes. «Millones de personas dependen de la seguridad alimentaria y millones más están interesadas en ver qué se hará en este tema vital», nos dijo la canciller de Kenia, Amina Mohammad.

«En África hay millones de personas que necesitan seguridad alimentaria y esperan que los ministros en Bali sean sensibles, como comunidad internacional, a los problemas del sustento y la supervivencia de la mayoría de las poblaciones vulnerables», señala.

La ministra insta a sus homólogos de Comercio a «encontrar una solución que transmita el mensaje de que hemos escuchado lo que están diciendo, que queremos apoyar su causa y que reconocemos la seguridad alimentaria como un tema clave».

El ministro de Comercio de India, Anand Sharma, dijo en el plenario que «la seguridad alimentaria es esencial para 4.000 millones de personas y es una importante meta de los Objetivos de Desarrollo (de las Naciones Unidas) para el Milenio (ODM)».

El llamado paquete de Bali incluye la obligación de restringir los subsidios a la producción agrícola nacional a un máximo del 10 por ciento del valor total para los países en desarrollo, si bien prevé un período de transición (»cláusula de paz») de cuatro años.

India exige que la excepción no tenga un límite temporal

Según los cálculos de la OMC, los agricultores de India están obteniendo un 24 por ciento más de apoyo para sus cultivos según el valor de producción estimado para el período 1986-1988 en el Acuerdo sobre Agricultura.

Pero entre 1986-1988 y 2013, los precios del arroz y del trigo se incrementaron en más del 300 por ciento, y los de insumos como fertilizantes aumentaron un 480 por ciento en el mismo período, según datos del Banco Mundial.

Además, Nueva Delhi teme que una de las principales políticas del gobierno fracase por las nuevas reglas de la OMC.

En septiembre, el Parlamento indio aprobó una ley que establece la distribución de alimentos subvencionados a dos tercios de la población del país, unos 820 millones de personas.

«La seguridad alimentaria no es negociable», subraya Sharma, y señala que India no aceptará el mecanismo provisional propuesto (que daría cierta flexibilidad a algunos países para aplicar el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC), porque no da seguridad legal.

Las existencias de granos adquiridas por el Estado para garantizar la seguridad alimentaria deben respetarse, afirma.

En vísperas de la reunión que se celebra en Bali entre el 3 y el 6 de este mes, India, acompañada de Bolivia, Cuba, Kenia, Sudáfrica, Venezuela y Zimbabwe, exigió nuevas disposiciones que protejan los programas de existencias públicas de estos países ante las fallidas normas comerciales.

Las actuales reglas de la OMC sobre agricultura fueron diseñadas en gran medida por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos durante la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), entre 1986 y 1994.

Mientras permiten enormes subvenciones en el Norte, son indiferentes a las preocupaciones de los países con grandes poblaciones en el Sur. «Las anticuadas normas de la OMC se deben corregir», afirma Sharma.

Lo más importante es que «cualquier acuerdo comercial vaya en armonía con nuestro compromiso común de eliminar el hambre y asegurar el derecho a la comida, que aceptamos como parte de la agenda de los ODM», ha dicho el ministro indio.

El debate central es si países como India y Kenia, que tienen grandes programas estatales de adquisición de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, particularmente de cereales de pequeños agricultores a los que aseguran precios mínimos, deben desafiar la legalidad de normas inconsistentes con las actuales realidades económicas globales.

En los últimos 15 años, los precios de alimentos esenciales han aumentado más de un 250 por ciento

India y los demás miembros del Grupo de los 33 (G-33), coalición de 46 países en desarrollo liderada por Indonesia, presenta argumentos de peso para cambiar ciertos parámetros del actual Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.

El G-33 pide que se actualicen los precios de referencia externos, anclados en valores de los años 80, para que reflejen las actuales cotizaciones mundiales. La coalición también exige que se tenga en cuenta la inflación de cada país cuando se evalúa el cumplimiento de las normas.

Los países industrializados, liderados por Estados Unidos y la UE, se opusieron vehementemente el año pasado a las demandas del G-33, y señalaron que nunca permitirían cambio alguno en las normas.

Pero después de intensos ruidos de sables y amenazas, los países del Norte se retractaron de su postura inicial y prometieron una respuesta más flexible.

Entonces incluyeron la «cláusula de paz» en el paquete de Bali, que concedería una flexibilización temporal, de no más de cuatro años. Y aunque aceptan continuar discutiendo, no se comprometen a hallar ninguna solución permanente.

A su vez, los países industrializados presionan por un nuevo acuerdo sobre facilitación del comercio, que incluye cambios de gran envergadura en los procedimientos aduaneros y de importaciones.

Si se cierra el acuerdo en Bali, permitiría ahorrar 441.000 millones de dólares a los países en desarrollo, aseguró el comisario de Comercio de la UE, Karel de Gucht.

El convenio de facilitación comercial, ha dicho, es «una vía esencial para ayudar a muchos países a reducir la burocracia en sus fronteras, así como a ser más eficientes y efectivos en el comercio».

Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional mantiene que un acuerdo así aseguraría ganancias de alrededor de un billón de dólares para los países en desarrollo y menos avanzados.

El director general de la OMC, Roberto Carvalho de Azevêdo, también expresó su respaldo en los últimos días al paquete de Bali presentado por el Norte.

Pero los países industriales no han exhibido aún evidencia concluyente de que la facilitación del comercio traiga tales beneficios.

«Lamentablemente, esas cifras dependen de demasiadas hipótesis injustificadas», escribió Jeronim Capaldo, del Instituto de Desarrollo Global y Ambiente de la Universidad estadounidense Tufts.

«Es difícil entender cómo ganancias tan inciertas y una distribución desigual de los costes (que subyacen en las estimaciones) pueden justificar que se desvíen recursos a la facilitación del comercio en vez de volcarlos a políticas tan necesarias como el fortalecimiento de redes de seguridad social», señaló Capaldo.

La reunión de Bali hace evidente un conflicto latente. Los participantes lo describieron como un choque entre dos argumentaciones, la que defiende la seguridad alimentaria, liderada por India, y la que promueve la facilitación del comercio, impulsada por países industriales y algunas potencias emergentes del Sur.

El ministro de Comercio de Sudáfrica, Rob Davies, advierte de desequilibrios en el paquete de Bali, particularmente sobre la facilitación del comercio.

Mientras, la canciller de Kenia señala «concuerdo con India, y todos queremos una solución. Tengo esperanza de que se encuentre el lenguaje para avanzar en este tema».

«No creo que nadie esté interesado en que esta reunión ministerial deje el mensaje de que no podemos trabajar en equipo y encontrar la forma de satisfacer a millones de personas pobres. Es importante que logremos un resultado concreto», añadió.

La suerte de la conferencia pende de un hilo. En las próximas 72 horas, el mundo sabrá si se puede encontrar una solución a la inseguridad alimentaria o si el paquete de Bali termina torpedeado y se hunde por diferencias irreconciliables.