La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, insistió el pasado jueves que Washington aún espera en Egipto una «plena transferencia del poder a un gobierno civil elegido democráticamente».
«No puede haber retrocesos en la transición democrática pedida por el pueblo egipcio», dijo Clinton en reacción a la noticia de que la Corte Suprema Constitucional de Egipto había disuelto el Parlamento, en vísperas de la segunda ronda de las elecciones presidenciales, que se celebran el sábado y el domingo. «Ahora, en última instancia, depende del pueblo egipcio decidir su propio futuro, y esperamos que las elecciones de este fin de semana se realicen en una atmósfera que les permita ser pacíficas, justas y libres», añadió.
Sin embargo, varios expertos opinan que las últimas medidas adoptadas por la Corte Suprema y por el gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que asumió también el Poder Legislativo tras la disolución del Parlamento, han puesto en duda todo el proceso de transición.
Por tanto, el gobierno de Barack Obama tendría que replantearse toda su política hacia Egipto, coinciden. «Estados Unidos debería examinar las acciones del CSFA muy cuidadosamente y mantener en reserva la opción de suspender la ayuda militar si este no toma las acciones que corresponden en esta situación», opina Michelle Dunne, directora del Centro Rafik Hariri para Medio Oriente del no gubernamental Atlantic Council.
«El Parlamento era bastante activo y disfrutaba de mucho apoyo popular», dice la experta, que es también copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Egipto, colectivo de expertos que ha estado asesorando a la Casa Blanca en los últimos 18 meses. «Su disolución crea una atmósfera inestable en vísperas de la ronda final de las elecciones presidenciales este fin de semana», añade.
Otros analistas alertan de que los últimos acontecimientos amenazan con arrastrar a la violencia abierta al principal aliado árabe de Washington y desatar una crisis potencialmente tan desastrosa como la que consumió a Argelia después de que fueran canceladas las elecciones de 1991, en las que el gobernante Frente de Liberación Nacional fue derrotado por los islamistas.
«¿Qué viene después? ¿Una réplica de lo ocurrido en Argelia en 1991?», pregunta Marc Lynch, especialista en Medio Oriente de la Universidad George Washington, en su influyente blog Foreignpolicy.com.
«Las medidas adoptadas por la Corte Suprema Constitucional en nombre del CSFA parecen difíciles de superar, y probablemente llevarán a Egipto por un nuevo y peligroso camino», añade.
La decisión de disolver el Parlamento ha sido el último de una serie de acontecimientos políticos que han debilitado severamente el argumento de Washington de que los militares egipcios están dispuestos a entregar el poder a un gobierno civil elegido democráticamente, como parte de un proceso de transición iniciado tras el derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak (1981-2011).
Además de disolver la asamblea legislativa, en la que los partidos islamistas tenían tres de cada cuatro asientos, la Corte también emitió un fallo estableciendo que Ahmed Shafiq, último primer ministro de Mubarak, no podía ser descalificado como candidato presidencial, a pesar de que una ley aprobada por el mismo Parlamento prohibía postularse a personas que hubieran ocupado altos cargos en el antiguo régimen.
Shafiq, que inició tarde su campaña presidencial, quedó segundo en la primera ronda de los comicios, detrás de Mohamed Morsi, candidato del Partido Libertad y Justicia, de la Hermandad Musulmana.
Los fallos fueron precedidos por un decreto del CSFA, el miércoles 13, que en los hechos volvió a imponer la ley marcial en el país, permitiendo que los militares arrestaran a civiles para ser juzgados por tribunales castrenses. El decreto parece diseñado especialmente para restaurar de alguna manera los poderes que tenían los militares bajo las leyes de emergencia de la era Mubarak, que fueron anuladas en mayo.
En sus declaraciones, Clinton dijo que el gobierno estadounidense estaba «preocupado» por ese decreto. «Aun si es temporal, parece expandir el poder de los militares para detener a civiles y reducir las libertades», señaló.
Todo esto ha llevado a los observadores a señalar que los militares egipcios no están dispuestos a ceder el poder, y que de hecho están dando un nuevo golpe de Estado. «Lo que comenzó como un golpe en cámara lenta, está dejando de moverse lentamente», alerta en Foreignpolicy.com Nathan Brown, experto en Egipto de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional,.
Por su parte, Tom Malinowski, jefe de la oficina en Washington de la organización Human Rights Watch y exmiembro del bipartidista Grupo de Trabajo sobre Egipto, opina que el gobierno de Obama debería replantearse sus hipótesis sobre las Fuerzas Armadas egipcias. «Definitivamente estas últimas medidas ponen en cuestión la premisa en base a la cual el Departamento de Estado decidió eludir este año las restricciones a la ayuda a los militares» egipcios, dice.
«Claramente había una amplia expectativa de que, aunque los militares se esforzarían por preservar una buena parte de poder detrás del telón, al menos permitirían una transición a un gobierno civil electo. Estos acontecimientos no casan con esas esperanzas», señala.
