Esa disposición, incluida en la Ley de Asignaciones Consolidadas y Continuas de 2013, norma financiera con plazo limitado (hasta septiembre), autoriza al Departamento (ministerio) de Agricultura a emitir permisos temporales a los productores para que cultiven transgénicos, aun cuando eventualmente un tribunal federal falle que estos son nocivos para la salud de la población. Las empresas de biotecnológica ahora no necesitan la aprobación de un juez para poner a prueba productos o comercializarlos.

Los activistas llaman a la norma «ley de protección a Monsanto», pues esa corporación multinacional de productos agrícolas ha presionado a su favor en el Congreso durante al menos un año. El texto fue aprobado por la Cámara de Representantes el 6 de marzo y por el Senado el 21 del mismo mes. El presidente Obama sancionó la ley el 26 de marzo.

La revelación de la polémica disposición, que quedó «enterrada» en un párrafo vago e impreciso de la Ley HR 933, de 587 páginas (División A, Título VI, Sección 735), ha incrementado la conciencia pública y el interés sobre el tema de los transgénicos en Estados Unidos.

La cláusula establece que, «si se invalida o anula una resolución de estatus no regulado (sobre los cultivos), el Departamento de Agricultura, a pesar de cualquier otra provisión de la ley, y a pedido de un agricultor, cultivador, operador de granja o productor, otorgará de inmediato permisos temporales o desregulaciones temporales».

Control de la industria

El senador Jon Tester, del Partido Demócrata y uno de los únicos congresistas de familia de agricultores, se ha declarado en contra de la disposición. «El Congreso de Estados Unidos le está diciendo al Departamento de Agricultura que, aun si un tribunal le dice que no ha seguido el proceso adecuado y tiene que comenzar de nuevo, puede ignorar el fallo y permitir los cultivos de todas formas», afirmó en el Senado. «Esto no solo ignora la idea constitucional de separación de poderes, sino que también permite que los cultivos genéticamente modificados avancen en todo el país, aun cuando un ley concluya que violan la ley», añade Tester.

Para el senador demócrata, «una vez más, las corporaciones multinacionales de los agronegocios ponen a los agricultores como siervos». Los activistas responsabilizan en parte, a la senadora demócrata Barbara Milkulski, que fue la presidenta del comité que dio entrada a la disposición. En una declaración, la portavoz de Mikulski, Rachel MacKnight, la defiende diciendo que «la senadora Mikulski entiende el malestar por esta cláusula. Ella no es responsable del lenguaje del proyecto y tampoco lo apoya».

MacKnight añade que «como presidenta del Comité de Asignaciones, la primera responsabilidad de la senadora Mikulski es evitar una paralización de los servicios gubernamentales. Eso significa que tuvo que ceder en muchas de sus propias prioridades para llevar al Senado un proyecto que fuera también aprobado por la Cámara de Representantes».

Pero la cláusula es temporal y deberá ser revisada en septiembre próximo, oportunidad que esperan los activistas para generar una oposición pública. El Departamento de Agricultura ya «tiene mecanismos que permiten una desregulación parcial de esos cultivos», explica el director de asuntos gubernamentales del Centro para la Seguridad de los Alimentos, Colin O'Neil.

El responsable público, alerta que «en el mejor de los casos, (la cláusula) es innecesaria y duplica esfuerzos. En el peor, saca el poder de control de las manos del Departamento de Agricultura y lo coloca en las de la industria». También hay preocupación sobre la forma en que el Departamento de Agricultura usó medidas temporales de desregulación en el pasado, como por ejemplo con variantes genéticamente modificadas de remolacha y de alfalfa.

Ambos casos de cultivos transgénicos pasaron a ser analizados por la justicia federal, gracias a acciones legales amparadas en la Ley Nacional de Políticas Ambientales. «La cláusula esencialmente le impedirá al Departamento de Agricultura proteger a los agricultores y al ambiente, porque le obliga a cumplir con las demandas de la industria», sostiene O'Neil.

«Guión de clase B»

Monsanto tiene muchos cultivos transgénicos en sus planes que se podrían ver beneficiados por la nueva disposición. «Creo que la ley de protección a Monsanto y la forma que fue aprobada son solo otro ejemplo de cómo opera esta compañía, cómo manipula nuestra democracia y cómo compra a nuestros funcionarios electos», explica el fundador de la organización Food Democracy Now, Dave Murphy. «Es otro ejemplo de cómo... deciden operar dentro de las reglas de una sociedad democrática. Son como la mafia, se meten y redactan las leyes como ellos quieren que sean».

«Monsanto realmente se hizo un gran favor a sí misma», sostiene. La multinacional respondió en una declaración señalando que sus críticos tenían «un discurso interesante, digno del guión de una película de clase B». «Prácticamente ninguno de los que protestan leyó la propia cláusula. Aquellos que lo hicieron, se encontraron con una sorpresa: no contiene referencia alguna a Monsanto, ni a la protección de Monsanto o a beneficios a Monsanto. Busca proteger a los agricultores, y hemos apoyado esa disposición», indica la compañía.

La controvertida cláusula fue introducida por el senador Roy Blunt, del Partido Republicano y del estado de Missouri, según el periódico Politico. Monsanto tiene su sede en la ciudad de Saint Louis, en Missouri.