El gobierno de México estudia emplear a las Fuerzas Armadas, en la recolección de datos socioeconómicos de la población que se beneficiará de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a pesar de las graves acusaciones realizadas por las organizaciones humanitarias en su actuación en la lucha contra el narcotráfico.

El argumento para recurrir a los militares, explican en exclusiva fuentes gubernamentales, es que poseen la logística para obtener la información, a través de sus bases y destacamentos en las regiones donde están los 400 municipios seleccionados en primera instancia para ejecutar la Cruzada, que anunció el presidente Enrique Peña Nieto semanas después de ser investido, el 1 de diciembre.

Otro motivo es la disponibilidad de personal suficiente. El ejército cuenta con 210.000 efectivos, de los que 70.000 están asignados a combatir el narcotráfico, según datos del ministerio de Defensa. La intención del gobierno es comprobar si las personas encuestadas reúnen condiciones para aspirar a las ayudas y subsidios para paliar el hambre, y evitar los padrones inflados que, presume, tenían los planes implementados en la gestión anterior, encabezada por Felipe Calderón (2006-2012).

La Cruzada Nacional Contra el Hambre deberá atender a 7,4 millones de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria severa, de los que 3,7 millones viven en zonas urbanas y el resto en el campo. La pobreza afecta al menos a 52 millones de los casi 117 millones de habitantes y la indigencia a 11,7 millones, mientras que 28 millones tienen dificultades para acceder a alimentos suficientes. El plan gubernamental busca erradicar el hambre mediante alimentación y nutrición adecuadas, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento en menores de cinco años, aumentar la producción y el ingreso de los pequeños agricultores, minimizar pérdidas de lo cosechado y promover la participación comunitaria.

Peña Nieto planifica también cambios en la política contra el antinarcotráfico aplicada por Calderón, quien al comienzo de su mandato ordenó el despliegue de miles de soldados para combatir a las organizaciones criminales que se disputan, entre otros negocios ilícitos, las rutas de distribución hacia el lucrativo mercado estadounidense. Las variaciones incluyen la creación de una comisaría nacional con 100.000 policías, mayor desarrollo de las unidades de inteligencia para prevenir delitos graves y un sistema de justicia fortalecido.

La campaña militar de Calderón dejó cifras sangrientas, con más de 100.000 asesinatos relacionados con el narcotráfico, 25.000 personas desaparecidas y 240.000 desplazadas de sus hogares, según organizaciones de defensa de los derechos humanos. La propia Secretaría de Defensa Nacional y la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que 359 militares estuvieron involucrados en esos delitos cometidos entre 2006 y 2012. De ellos, 186 están bajo sospecha, 110 fueron procesados, 38 sentenciados, ocho absueltos y los 17 restantes permanecen prófugos.

En ese lapso, la CNDH recibió más de 8.000 denuncias contra militares. Desde diciembre se presentaron 168 por violencia sexual, torturas y homicidios. En su último informe anual, Human Rights Watch denunció que, «en el marco de la lucha contra poderosos grupos del crimen organizado, las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones, desapariciones y torturas».

Esta organización con sede en Nueva York, destaca que «casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente, y esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país». El gobierno de Peña Nieto entiende que, en la medida en que los militares regresen a los cuarteles, habrá efectivos disponibles para otras tareas, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, liderada por la Secretaría de Desarrollo Social. Para ello, estudia también lanzar una campaña de sensibilización sobre la posible presencia de los uniformados en las comunidades más pobres y facilitarles así su labor.

Organizaciones de la sociedad civil consultadas no han querido explayarse sobre un anuncio no formalizado, pero estiman que no es adecuado dar participación a las Fuerzas Armadas en más tareas civiles. Las autoridades desplegaron en varias ocasiones personal castrense para actuar ante desastres naturales, rescatar a personas afectadas o entregar ayuda humanitaria.

La Comisión Intersecretarial de la Cruzada, compuesta por 16 secretarías y otros tres organismos gubernamentales, debe decidir en los próximos días si asignará la tarea a los efectivos militares. La Cruzada estipula la formación de comités comunitarios, consejos municipales y estatales, acuerdos con empresas y organismos de la sociedad civil y creación de redes. Asimismo, se creará un Consejo Ciudadano, encabezado por el presidente e integrado por representantes de la sociedad civil, gobernadores y la Comisión Intersecretarial, y un comité de expertos en alimentación, nutrición y pobreza.

Ximena Maroto, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, que agrupa a seis organizaciones no gubernamentales señala que «no hemos tenido ninguna reunión ni nos han invitado a presentar propuestas. Sería importante que haya un mecanismo para hacer transparente estas acciones. Faltan mecanismos de participación comunitaria, ¿cómo se va a movilizar a las personas?». El gobierno lleva adelante dos proyectos piloto en el sureño estado de Guerrero, donde se encuentran 46 municipios del mapa de 400. Oaxaca cuenta con 133, Chiapas, 55 y Veracruz, 33.

Además, ya se han firmado acuerdos de medidas y cuantía a invertir con 11 de los 32 estados que componen la república mexicana, pero se desconoce su contenido. «Es una tarea titánica, lenta, que requiere de una coordinación intersecretarial entre todos los niveles de gobierno. El tema de la estructura es complejo», apunta Maroto.

Las autoridades planifican medir cómo evolucionan los indicadores de población con carencias de alimentación, de menores de cinco años que presentan bajo peso y talla, de desnutrición aguda, de habitantes con buenos hábitos alimentarios y de reducción de enfermedades derivadas de malos hábitos. Además, también se medirá la inversión en programas para mejorar los ingresos de los habitantes de los municipios seleccionados y la producción de alimentos.

También se evaluarán el número de beneficiarios en la Cruzada, de horas de trabajo donadas por voluntarios, de organizaciones sociales, empresas e instituciones académicas participantes, el porcentaje de estados, municipios y comunidades que instalaron consejos y comités que ejecuten acciones, así como el grado de aprobación pública que conciten esta política y el propio gobierno.

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