El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el premier británico, David Cameron, hablaron del Peñón en Londres y la postura de Downing Street quedó clara: «Es algo que depende de la gente de Gibraltar y decimos 'no' a cualquier negociación que los gibraltareños no quieran que llevemos». Un Rajoy contrariado por esta declaración ante la prensa, solo constató que hay «posiciones diferentes» pero que los ministros de Exteriores de ambos países seguirán hablando.

Y eso es lo que hizo el titular español, José Manuel García-Margallo con su colega británico, William Hague, aprovechando su viaje a Londres para participar en la conferencia de Somalia. El gobierno español quiere que se recupere el llamado Proceso de Bruselas, abierto en 1984, por el que España y el Reino Unido se comprometían a negociar la soberanía de la colonia. La novedad es que el gobierno del PP rechaza que los gibraltareños tengan derecho de veto sobre un posible inicio de las negociaciones.

Dos banderas, cuatro voces

La cuestión se presenta difícil pero García-Margallo saca pecho y afirma que la postura española es «no retroceder, como diría el comandante Castro, ni para tomar impulso». Para empezar, el gobierno español quiere que se reabra el Foro de Cooperación y convertirlo en cuatripartito incluyendo al Campo de Gibraltar en las conversaciones entre los gobiernos español y británico y el del Peñón. «Dos banderas, cuatro voces» es el objetivo del ministro.

Lo explicó en el Congreso de los Diputados con la garantía de que en un asunto de soberanía española poca oposición puede haber. La diputada socialista Elena Valenciano recordó que la posición española no ha variado con los gobiernos del PSOE en esa reivindicación, pero expresó su temor a que la vía abierta por García-Margallo «acabe en un callejón sin salida».

España renueva su interés por la Roca justo cuando Londres tiene abierto otro frente en sus colonias, las Malvinas, que ocupan estos días grandes titulares en Buenos Aires por las reivindicaciones de la presidenta Cristina Fernández, las acusaciones de que se esquilman los recursos de las islas y el envío a la zona del destructor británico HMS Dauntless.

García-Margallo confía en que la razón está de parte española y asegura: «No hace falta ser un profeta ni un premio Pulitzer para saber que en la próxima sesión de Naciones Unidas se va discutir de Malvinas y Gibraltar, y que las Naciones Unidas van a volver a reiterar que tenemos que negociar».

A la espera de un nuevo apoyo de la ONU

El gobierno español confía en Naciones Unidas porque ya hace cuatro décadas se pronunció a su favor. En 1968, la ONU aprobó la Resolución 2.429, en la que declara que el mantenimiento de la situación colonial de Gibraltar es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los contenidos en la Resolución 1.514 sobre descolonización.

De hecho, Londres y el propio gobierno de Gibraltar, han actuado al margen de la ONU para marcar posiciones. En 1967, se dio el primer argumento contundente, cuando los 96% de los gibraltareños se mostraron en referéndum partidarios de mantener los lazos con el Reino Unido.

La histórica apertura de la verja con el primer gobierno socialista de Felipe González abrió nuevas perspectivas, pero pocos avances en materia de soberanía. El ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea, un club en el que estaba desde 1973 el Reino Unido, dio una nueva dimensión al contencioso y en 2002, el Foreign Office por primera vez defendió la posibilidad de una soberanía compartida, si era respaldada por la población del Peñón. Sin embargo, los gibraltareños se opusieron radicalmente a la cosoberanía en otra consulta popular que fue desautorizada por Londres y Madrid.

Casi trescientos años después del Tratado de Utrecht, por el que España cedió Gibraltar a la corona británica, la controversia histórica y jurídica se mantiene, pero poco importa. Al margen de la espina española de tener en sus límites la última colonia de Europa, Gibraltar es uno de los territorios bajo sospecha. Las denuncias de contrabando y blanqueo de dinero, de escasa colaboración en la lucha contra el crimen organizado o su situación de paraíso fiscal de Gibraltar, formalmente eliminada en 2010 por una nueva ley de régimen fiscal, hacen del contencioso un laberinto de interminables flecos en la política nacional, las relaciones hispano-británicas y en el seno de la Unión Europea. Y todo eso sin hablar de Ceuta y Melilla.