Garzón cuestiona en la demanda que ha presentado el procedimiento que se sigue contra él en el Tribunal Supremo de España por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. El juez tiene el apoyo de numerosos juristas y organizaciones que opinan que los crímenes contra la humanidad no prescriben, por lo que la ley de amnistía española no es conforme a derecho internacional.

Garzón alega, entre otras cuestiones, que el procedimiento que se sigue contra él por investigar los crímenes del franquismo viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos en varios conceptos: el de no someter a los individuos a procesos injustos, no respetar la vida personal, el desarrollo profesional y su derecho a expresar opiniones judiciales.

Según la directora del departamento de litigios de la firma que representa al juez español, Helen Duffy, Garzón «está siendo castigado por hacer efectivas las obligaciones internacionales de España de investigar crímenes graves y de honrar los derechos de las víctimas».