Hisayo Takada, activista en asuntos de energía del capítulo japonés de Greenpeace recuerda que «las vidas de las personas quedaron destruidas, y estaremos pagando billones de yenes de los contribuyentes a causa del desastre de Fukushima». «La industria nuclear, más que Tepco (la Compañía Eléctrica de Tokio), no ha pagado nada, porque está especialmente protegida por la ley».
El 11 de marzo de 2011, Japón sufrió un terremoto de nueve grados, que causó el tsunami que dañó la central de Fukushima. Tres de sus seis reactores colapsaron, y el cuarto se dañó. El accidente fue calificado como del máximo nivel (siete) según la escala utilizada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, igual que el ocurrido en la central ucraniana de Chernóbil en 1986. Un año después del desastre japonés, Tepco pasó a manos del gobierno, porque no podía afrontar los costes que implicaba el control de los reactores dañados. En junio de 2012, Tepco había recibido casi 50.000 millones de dólares del gobierno.
Los seis reactores habían sido diseñados por la empresa estadounidense General Electric (GE). Esta también proporcionó los reactores actuales para las unidades uno, dos y seis, mientras que las firmas japonesas Hitachi y Toshiba suministraron las unidades tres y cinco, y la cuatro respectivamente. Estas compañías, así como otros proveedores, están exoneradas de responsabilidades o costes según las leyes japonesas.
Muchas de ellas, incluidas GE, Toshiba e Hitachi, realmente están ganando dinero a partir del desastre, al participar en las operaciones de descontaminación y desmantelamiento, según plantea un informe de Greenpeace Internacional. «La industria nuclear y los gobiernos han diseñado un sistema de responsabilidad nuclear que protege a la industria y obliga a la población a pagar la factura por sus errores y desastres», señala el informe «Fukushima Fallout».
Shawn-Patrick Stensil, analista de temas nucleares en Greenpeace Canadá se pregunta «si la energía nuclear es tan segura como la industria siempre sostiene, entonces ¿por qué insisten con los límites a la responsabilidad y con las exenciones?» Los propietarios y operadores de plantas nucleares en muchos países tienen topes de responsabilidad sobre cuánto están obligados a pagar en caso de accidente. En Canadá, este tope es de apenas 75 millones de dólares. En Gran Bretaña, es de 220 millones de dólares. En Estados Unidos, cada dueño de reactor pone unos 100 millones de dólares en un fondo de seguro a todo riesgo. En total, este fondo es de unos 10.000 millones de dólares. «Los proveedores son indemnizados aunque sean negligentes», explica Stensil.
Se espera que los operadores nucleares japoneses aporten 1.500 millones de dólares de seguro, muy lejos de los entre 100.000 y 250.000 millones que se estiman necesarios para cubrir los costes en Fukushima. Proveedores como GE están explícitamente exonerados de toda responsabilidad, aunque los defectos que presentan sus equipos contribuyan con el desastre. «Las leyes de Canadá y Japón están diseñadas para proteger a las compañías nucleares, no a las personas que viven cerca de sus reactores», dice Stensil.
Los niveles de radiación en las cercanías de los reactores de Fukushima todavía son altos, demasiado para los seres humanos que trabajan en la zona. La Organización Mundial de la Salud advirtió que un tercio de los trabajadores corren mayores riesgos de padecer cáncer. Ni los robots empleados ni las cámaras de larga distancia pueden revelar el estado del combustible nuclear dañado. Este está todavía caliente y requiere enormes cantidades de agua para enfriarse, pero la planta se está quedando sin espacio de almacenamiento para el agua radiactiva.
La gerencia de Tepco reconoció que hasta 2021 no empezarán a remover los 11.000 elementos de combustible radiactivo. El desmantelamiento de toda la central necesitará por lo menos 40 años. «Advertimos que las plantas nucleares de Japón pueden estar sometidas a terremotos mucho más fuertes y tsunamis mucho más grandes de lo que fueron diseñadas para soportar», dice Philip White, de la ONG Centro Ciudadano para la Información Nuclear, con sede en Tokio.
«Asombrosamente, este peligro de colapso causado por un tsunami se había publicitado desde 2008 en documentos emitidos por la Organización de Seguridad de la Energía Nuclear de Japón, pero los dueños de las centrales efectivamente ignoraron esta contingencia», explica Alexander Likhotal, presidente de Green Cross International. «Lo que causó semejante desastre fue el fallo humano de no tomar las precauciones adecuadas en materia de seguridad contra amenazas naturales conocidas y altamente posibles», señala Likhotal en un comunicado.
Los terremotos son comunes en Japón, donde en los últimos dos años se produjeron casi 2.500 seismos. Tras el desastre de Fukushima se clausuraron los 50 reactores nucleares del país, que suministrabann un 30 por ciento de toda la electricidad. Apenas dos volvieron a operar. En los meses posteriores al desastre, el gobierno japonés lanzó un ambicioso plan de energía renovable y eliminó la nuclear. Hasta ahora se ha utilizado alrededor de 3,6 gigavatios de energía solar, eólica y geotérmica. El objetivo es llegar al 35 por ciento de fuentes renovables para 2030.
Pero con la reciente elección del primer ministro, el conservador Shinzo Abe, el gobierno vuelve a estar a favor de la energía nuclear. Los operadores de las centrales atómicas que prometan mejorar la seguridad tendrán permitido reanudar las operaciones. «No creo que sea lógico hacer esto de este modo», dice Takada, miembro de Greenpeace Japón.
