Los países en desarrollo pueden perder más de un billón de dólares cada año, procedentes de delitos y corrupción. Este flujo ilegal va en rápido aumento y ya es 10 veces mayor que el monto total de ayuda extranjera que estas naciones reciben. Entre 2002 y 2011, los gobiernos del mundo en desarrollo perdieron casi seis billones de dólares, principalmente por la debilidad de las normativas y por una pobre gobernabilidad, según Global Financial Integrity (GFI), una organización de vigilancia con sede en Washington.
En sus estimaciones se incluye la riqueza obtenida mediante facturación inexacta o adulterada, sociedades fantasma y paraísos fiscales, entre otros montajes contables.«Esto suministra evidencias para demostrar que la fuga de capitales ilícitos son el problema económico más devastador para el Sur global», señala el presidente de GFI, Raymond W. Baker, en la introducción de un informe divulgado hace unos días. Los números son «un toque de atención para que los gobernantes entiendan la urgencia» de abordar este problema.
Lo preocupante es la velocidad con que está creciendo este negocio. En 2002, el primer año que analizaron los investigadores de GFI, los flujos financieros ilícitos rondaron los 270.300 millones de dólares. Para 2011, el último año con estimaciones disponibles, habían aumentado a 946.700 millones de dólares. Y han continuado creciendo.
Con un ajuste por la inflación, se percibe un crecimiento medio de más del 10 por ciento al año. El monto de 2011 constituyó un aumento de 13,7 por ciento respecto del de 2010. «La fuga de capitales ha ido en aumento», dice Dev Kar, economista jefe de GFI y coautor del nuevo informe, aunque agrega que «durante la crisis económica (que comenzó en 2008) se redujeron tanto las importaciones como las exportaciones, pero a medida que se ha recuperado la actividad, también lo han hecho estas salidas de fondos».
Kar advierte que las estimaciones de GFI pueden ser conservadoras. Por ejemplo no consideran las transferencias informales de dinero (como la «hawala») ni las grandes transacciones de efectivo, por lo tanto no dan pistas sobre las dimensiones de negocios inmensos como el narcotráfico o el tráfico de personas.
Asia representa alrededor de 40 por ciento de las salidas ilegales de fondos procedentes de países en desarrollo, África constituyó apenas el siete por ciento en 2011, un año en que el continente tuvo la mayor proporción de flujos ilícitos respecto del producto interno bruto, con alrededor de 5,7 por ciento. Como África también es la región que más depende de la ayuda extranjera, frenar al menos en parte esta fuga de recursos sería clave para incrementar las inversiones públicas de salud, educación e infraestructura.
Sistemas paralelos
Instituciones dedicadas a promover el desarrollo empiezan a prestar atención a estas desigualdades. La organización humanitaria Oxfam estima que hay unos 32 billones de dólares en paraísos fiscales de todo el mundo. Si estuvieran gravados, se podrían recaudar casi 190.000 millones de dólares al año. «Los gobiernos deberían ponerse de acuerdo en poner fin al hambre para 2025 y a los paraísos fiscales, así podrían pagar esto y mucho más», señala Stephen Hale, de Oxfam, en un comunicado. «La evasión fiscal quita alimentos de la boca a los hambrientos».
El año pasado la comunidad internacional adoptó importantes medidas para cerrar ciertas vías usadas para esconder riqueza no declarada ante los estados. El Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos y el Grupo de los 20 (G-20) industrializados y emergentes pusieron el abuso fiscal entre sus prioridades. Hace unos meses, un panel de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas que negociaba la próxima fase de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, cuyo plazo está fijado para 2015, indicó que una de sus prioridades es hacer frente al abuso de los paraísos fiscales de ultramar y a los flujos financieros ilegales.
Poco después, casi una decena de países miembros de la Unión Europea (UE) acordaron el primer sistema multilateral de intercambio de información tributaria del mundo, que se basa en requisitos bilaterales similares a los que aprobó hace tres años Estados Unidos. «El hecho de que estos flujos sean mencionados por el G-20 y otras organizaciones internacionales es nuevo», apunta Brian LeBlanc, economista junior en GFI y coautor del nuevo informe. «Estos asuntos se veían antes como problemas de los países en desarrollo, pero ahora vemos que los países industrializados están tomando medidas. Estamos avanzando en algo».
Pero urge hacer mucho más, indican las fuentes. Kar, de GFI, cree que las medidas adoptadas hasta ahora tendrán poco impacto a corto plazo. «Es importante que buena parte de la conversación se centre en los países industriales. Creemos que la debilidad de la gobernanza es una fuerza motriz de las fugas de capital y flujos ilegales, y en los grandes países la gobernanza simplemente no está mejorando y en muchos se está deteriorando», agrega.
Kar señala que las fabulosas sumas del informe del GFI parecen haber tenido poco impacto en los funcionarios gubernamentales de muchos países en desarrollo, incluso cuando las arcas públicas de esas naciones todavía resienten la crisis financiera mundial. «En la mayoría de los países ha tenido impacto cero, y las autoridades se niegan incluso a reconocer que hay un problema. Malasia, por ejemplo, apenas sostuvo que nuestras estimaciones son exageradas», expresa Kar. Ese país asiático es el cuarto en la lista de mayores exportadores de capitales ilícitos del GFI.
Para Kar «hay un nexo poderoso y corrupto entre políticos y empresas que abarca la financiación de las campañas electorales, la falta de transparencia en el comportamiento empresarial y los sobornos en contratos del gobierno». «Estos son asuntos enormes, y falta recorrer un largo camino hasta que los países acepten que los flujos ilícitos son un problema y luego apliquen políticas que hagan frente a la situación».
