O'Reilly ha presentado el informe del Ombudsman europeo sobre Frontex, ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y ha destacado que la agencia «cumple con los estándares de derechos humanos y que se ajusta a casi todas las recomendaciones hechas por el defensor del pueblo», pero ha reconocido que «hasta ahora ha rechazado poner en marcha un mecanismo que gestione las quejas que llegan sobre su funcionamiento».

La Defensora del Pueblo se ha referido también a la tragedia de Lampedusa, donde murieron casi 400 personas que intentaban llegar a Italia . Hace unos días, cuando presentó su informe anual, Emily O'Reilly dijo que «ante las catástrofes humanitarias en las fronteras europeas, es vital que Frontex se enfrente directamente con las quejas de inmigrantes y otros afectados» y «no acepto, dijo, el argumento de Frontex de que las infracciones de derechos humanos son solo responsabilidad de los Estados involucrados».

El Consejo de Europa ha denunciado que ese es el caso de Grecia, donde las autoridades no pueden hacer frente a las llegadas de inmigrantes y refugiados según los estándares establecidos por las leyes internacionales y donde la propia Comisión Europea ha denunciado las condiciones infrahumanas de los centros de detención.

La Agencia, que tiene su sede en Varsovia (Polonia), está sujeta desde 2009 a la Carta de Derechos Fundamentales y desde 2011, además, a exigencias adicionales impuestas por la Eurocámara y el Consejo de la UE.