Por Stefano Valentino

Bruselas (IPS). Grandes empresas estadounidenses con franquicias o filiales en Europa compran Certificados de Reducción de emisiones de carbono (CRE) en la UE para compensar sus emisiones de carbono, lo que constituye un fraude al Tratado de Kyoto. Solo la empresa Dow Chemical, que provocó el desastre de Bhopal y en la guerra de Vietnam proveía al ejército estadounidense de gas naranja y napalm, tiene en varios países europeos 19 proyectos de dudosa legitimidad.

Grandes multinacionales estadounidenses, como Dow Chemical, ConocoPhillips, Chevron y Cabot Corporation, se sirven de un dudoso negocio de créditos de carbono para compensar sobre el papel su contaminación medioambiental en Europa. La mayor compradora es Dow, una empresa que posee fábricas de productos plásticos y químicos, que emiten dióxido de carbono, en Alemania, Bélgica, España, Holanda y Polonia. Juntas ocupan el lugar 21 entre los 100 principales compradores europeos de certificados de reducción de emisiones de carbono (CRE).

Las empresas de energía afincadas en la Unión Europea, algunas de ellas subsidiarias de compañías estadounidenses, están obligadas a reducir su contaminación de gases invernadero, adoptando tecnologías más limpias o compensando sus emisiones mediante la compra de CRE. Para estas empresas es más barato pagar el exceso de emisiones que reducirlas realmente. Además se aprovechan de la permisividad de algunas legislaciones europeas.

Los CRE se obtienen en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, único tratado internacional que obliga a los países industriales firmantes del acuerdo, a reducir su contaminación medioambitental. Cada CRE equivale a una tonelada de dióxido de carbono que no llegó a la atmósfera. Y se entrega a favor del responsable de un proyecto aprobado, tras certificar que la reducción realmente se ha llevado a cabo. El MDL fue creado por la ONU para que los países industriales subvencionaran la reducción del calentamiento en los países en desarrollo. Pero terminó creando un incentivo perverso usado para maximizar las ganancias de un grupo de productores de gases industriales, la mayoría localizadas en India y China.

La china Jiangsu Meilan Chemical y la india Navin Fluorine International, entre otras, se comprometieron a capturar y destruir HFC-23, un residuo de la producción del gas refrigerante HFCF-22 (hidroclorofluorocarbono), prohibido en la Unión Europea y Estados Unidos porque reduce la capa de ozono. El HCFC-22 es además un súper gas de efecto invernadero, 1.810 veces más potente que el dióxido de carbono, y su subproducto HFC-23 lo es 11.700 veces más. Pero las empresas indias y chinas terminaron produciendo más gas del permitido y recibiendo muchos más CRE de los necesarios, según una investigación del panel de expertos en metodología del MDL.

En junio de 2010, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas CDM Watch, con sede en Bonn, y la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, en sus siglas en inglés), con sede en Londres, descubrieron este flagrante mal uso del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y aportaron las pruebas.

Según Diego Martínez-Schuett, de CDM Watch «los certificados de HFC-23 no representan verdaderas reducciones de gases invernadero... y sus compradores usaron esas falsas reducciones como permisos para contaminar más en Europa». Los 19 proyectos de destrucción de gas industrial aprobados por el MDL acumularon casi 500 millones de créditos por valor de 3.300 millones de dólares. Casi el 90 por ciento de ellos inundaron la UE, y constituyen más de la mitad del total de compensaciones de emisiones de este grupo de países.

Entre 2009 y 2010, las empresas estadounidenses adquirieron casi un millón de créditos de HFC-23 al precio de unos 16 dólares por unidad. Desde entonces «gastaron» al menos 16 millones de dólares en presuntas reducciones de emisiones. La misma conducta mantuvieron sus competidores europeos, como las británicas BP y British Shell, la alemana RWE, la noruega Statoil, el grupo ítalo-español Enel y la francesa EDF. Las 10 compañías transatlánticas más conocidas de las que cotizan en la Wall Street, ingresaron 254 millones de dólares en estos falsos créditos, sin contar los datos de 2011, que todavía están sin publicar.

En junio del año pasado, los reguladores europeos decidieron prohibir estos créditos, pero la medida solo será efectiva a partir de mayo de 2013. La activista Natasha Hurley, de la EIA, denuncia que «La UE recibió presiones de los inversores para posponer la prohibición, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2013». Mientras tanto, la puerta sigue abierta para que Dow, Shell y el resto de empresas contaminantes adquieran otros 53 millones de CRE falsos. Las empresas estadounidenses aseguran que ignoraban la naturaleza ilegítima de los créditos de HFC-23 antes de que la UE los descartara.

Lo que importa ahora es «qué van a hacer los compradores de esos CRE para legitimar sus medidas de compensación», se pregunta Rob Elsworth, de Sandbag, una organización no gubernamental que investiga la integridad del comercio de emisiones y que muestra la implicación de las empresas.

«Vamos a seguir cumpliendo las normas, lo que significa que dejaremos de usar los CRE de gas industrial en abril de 2013», dice Drea Berghorst, responsable de comunicación de la filial de Dow en Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

Chevron y Cabot respondieron de modo similar, sin descartar la opción de comprar más créditos de HFC-23 mientras estén en circulación. «Chevron respetó y seguirá respetando todos los aspectos requeridos por las normas europeas de comercio de emisiones», explica Sean Comey, asesor de medios en la sede mundial de la empresa, en California. La multinacional se valió de estos créditos para compensar emisiones de los yacimientos marinos de petróleo que explota en Gran Bretaña. «Trabajamos con un prestigioso agente financiero, JP Morgan, para comprar esos CRE y exigimos que todos fueran certificados y validados», señala Vanessa Apicerno, especialista en relaciones con los medios de la sede central de Cabot, en Boston.

Esta multinacional usó los CRE para compensar la contaminación que generan sus manufacturas de carbón y termoplásticos en Francia e Italia. ConocoPhillips, que empleó los créditos para sus refinerías en Gran Bretaña y Noruega, no quiso hacer comentarios. Ahora más que nunca, las empresas tienen buenas razones para usar dinero de accionistas en inversiones que agravan el cambio climático.

De hecho, los intermediarios están intentando vender a la carrera los remanentes de estos CRE antes de que se vuelvan «basura» en 2013, y bajen los precios. En febrero las cotizaciones eran de apenas seis dólares la tonelada, después de haber alcanzado un pico de 33 dólares. «Las empresas buscan la forma más barata de cumplir las normas. Los actores del mercado son libres de tener sus consideraciones éticas sobre cómo actuar ante el cambio climático, pero el sistema se rige por la economía», explica Richard Chatterton, analista de Bloomberg New Energy Finance.

Considerando la cantidad adicional de estos créditos inflados admitidos por la UE hasta el año que viene, se puede estimar que las empresas se ahorrarán unos 24 millones de dólares. La verdadera discusión es si ahorrarse ese dinero vale más para las industrias, que evitar el calentamiento climático.