El gobierno francés hace frente a una catarata de críticas por su política de expulsión de gitanos e insiste en que actúa con el paraguas de la legalidad. Después de que el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial haya criticado los discursos políticos discriminatorios de París, el ministro francés de Exteriores, Bernard Kouchner, ha dicho que «no aceptamos las caricaturas... Nunca el presidente de la República ha estigmatizado a una minoría en función de su origen y nunca aceptaremos que una minoría sea sancionada por lo que es.»

Pero las críticas no han llegado sólo de organizaciones de derechos humanos, hasta el Vaticano ha pedido a Sarzoky que revise su política de expulsiones. El secretario del Consejo Pontificio para los Migrantes y los Itinerantes, arzobispo Agustino Marchetto, ha dicho que «toda expulsión colectiva es inaceptable, pero más cuando se trata de personas débiles y pobres que fueron perseguidas, que fueron también víctimas de un holocausto y que viven siempre huyendo de quienes les dan la caza».

La cuestión es que la policía francesa ha desmantelado este año 51 campamentos de gitanos y ha deportado a más de 8.000 miembros de la comunidad romaní a sus países de origen, Rumanía y Bulgaria. El argumento, delincuencia y mendicidad. La cosa se complica por tratarse de ciudadanos de la Unión europea, que tienen derecho a estar en Francia al beneficiarse del principio comunitario de libertad de circulación. Sin embargo, según la normativa, después de tres meses en territorio francés sin domicilio ni fuentes de ingresos pasan a la ilegalidad y pueden ser expulsados del país. En Francia viven unos 15.000 gitanos.

La actual campaña contra los gitanos se ha vestido de carácter voluntario. El gobierno asegura que la mayoría de las repatriaciones se han realizado con personas que han accedido a abandonar el país con una paga de 300 euros por adulto y 100 por niño. La cuestión es que si no aceptan irse con esas condiciones, se les podría expulsar un mes después sin ninguna compensación. Y lo peor es que varias organizaciones no gubernamentales denuncian que , a la vuelta, también el gobierno rumano discrimina a los gitanos en su propio país, al no beneficiarse de las ayudas para la integración.

Un asunto europeo, no sólo francés

En una actitud que desde algunas cancillerías europeas se considera torpe, Sarkozy ha ido más allá al pedir a la Comisión europea que obligue a Rumanía a frenar la salida de gitanos del país y sugerir que se podría bloquear la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen, como represalia. Además el primer ministro, François Fillon, pidió al presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, garantías de que los fondos europeos entregados a Rumanía se usan para resolver el problema.

Pero Bruselas se ha visto, una vez más, ante la disyuntiva de reforzar su discurso de no discriminación o enfrentarse a uno de los socios grandes de la UE. Sólo cuando Francia, en una demostración más de que se permite actuar al margen de las instituciones europeas, convocó una reunión con otros socios comunitarios, la Comisión pidió voz en el asunto. París había citado al encuentro a ministros de Alemania, España, Grecia, Italia, Reino Unido, además de Estados Unidos y Canadá.

La Comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, se mostró ofendida: «Pido especialmente a las autoridades francesas que emprendan un diálogo con todos los Estados de la UE.» Y sólo entonces salió al paso del asunto de fondo: «Lamento que en las últimas semanas en algunos países comunitarios se haya utilizado un lenguaje abiertamente discriminatorio y parcialmente inflamatorio.»

De modo que París, reacio a dar explicaciones, ha tenido que planificar con Barroso una reunión bilateral para justificar que «Francia cumple estrictamente con la normativa europea y con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos», según un comunicado del ministerio de Exteriores. Bruselas ha agradecido la disposición del gobierno francés, pero añade que «la Comisión debe llevar adelante su propio examen del tema». Según cifras de la propia Comisión, los 27 han destinado 17.500 millones de euros del Fondo Social Europeo a la integración de la comunidad gitana.

Lo cierto es que el problema ha estallado en Francia este verano por la contundencia del gobierno Sarkozy, pero en realidad no sólo es un asunto francés. El European Roma Rights Center, una organización contra la discriminación de las minorías étnicas en Europa, denuncia que las expulsiones de gitanos se dan también en Italia, Alemania, Dinamarca y Suecia.

El Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial dice abiertamente que estamos ante un problema europeo. «Lo que necesitamos es una solución europea. Existe una legislación nacional y una política europea. Lo que pedimos a Francia es que la tenga en consideración». euroXpress