«Ya no hay servicios de seguridad estatales en Bangui (la capital) ni en el resto del país», dice Thierry Vircoulon, director para África Central del International Crisis Group. «La gente está librada a su suerte; solo las iglesias ofrecen algo». Desde que comenzaron los combates, casi dos años atrás, unas 400.000 personas se han visto forzadas al desplazamiento.

Séléka, una alianza de milicias rebeldes del norte musulmán, tomó la capital en marzo y obligó al presidente François Bozizé, al que acusaba de violar anteriores acuerdos de paz, a salir del país. En agosto, el jefe rebelde Michel Yotodia fue nombrado presidente interino, con lo que se convirtió en el primer musulmán en ocupar ese cargo. Pero los actos de violencia no han cesado.

Cuando Yotodia anunció en septiembre la disolución de Séléka, estallaron los episodios de ataques y los saqueos, cometidos por los disgustados rebeldes. Según Amnistía Internacional desde el derrocamiento de Bozizé, la cantidad de milicianos que se identifican como Séléka ha pasado de unos 5.000 a 20.000.

Hay informes de que milicianos de Séléka no hablan francés ni sango, la lengua nacional, lo cual indicaría que podrían estar llegando de países vecinos, como Sudán. La organización Human Rights Watch (HRW) acusó a un comandante de Séléka, Abdallah Hamat, de asesinar a civiles en un ataque el 10 de noviembre contra una aldea llamada Camp Bangui. «Ataques como ese sobre zonas pobladas están causando destrucción masiva y temor en la población», alerta Daniel Bekele, director para África de HRW.

La semana pasada, Estados Unidos prometió 40 millones de dólares para incrementar la presencia de la fuerza regional que lleva meses prácticamente escondida en Bangui. Pero si bien esta Misión Internacional de Apoyo para la República Centroafricana prevé elevar su pie de fuerza de 2.500 a 3.600 efectivos, autoridades de la región creen que poco podrá hacer sin autorización para operar como una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Los últimos informes de ataques a mezquitas e iglesias cristianas hacen recordar otros momentos en que la ONU fue demasiado lenta y no logró impedir masacres o genocidios, como en Ruanda. Un informe interno señala la inacción de la ONU en los meses finales de la guerra civil en Sri Lanka, ahora la respuesta del foro mundial en República Centroafricana será considerada una prueba de cómo actuar con premura y de manera más decidida para impedir matanzas.

Los musulmanes, que dominan Séléka, constituyen sin embargo solo el 15 por ciento de la población centroafricana. Este conflicto emerge tras «años de marginación y discriminación de los musulmanes en el noroeste» del país, dice el subsecretario general de la ONU, Jan Eliasson.

En muchos lugares, integrantes de la mayoría cristiana responden a la violencia creando sus propias milicias, conocidas como «antibalaka» (antimachetes). «Ha habido varios choques entre Séléka y la población esta semana», dice Vircoulon. «Las tropas africanas se retiraron, no pueden impedir nada».

Si bien ese país tiene una larga historia de golpes de Estado y rebeliones, la religión nunca había sido protagonista –como ha ocurrido en el resto del Sahel— al menos hasta ahora. «Esto no comenzó como un conflicto religioso. Ninguna de las partes tenía una agenda religiosa», indica Philippe Bolopion, de HRW.

Mientras el conflicto avanza, centroafricanos cada vez más jóvenes se incorporan a las filas de todas las partes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que actualmente hay 6.000 niños soldados. Al hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Eliasson se refirió a un sufrimiento que está «más allá de lo imaginable» y sostuvo que el foro mundial debe actuar para «evitar atrocidades».

Sin embargo, es muy poca la información que sale del país, donde hay escaso despliegue de trabajadores humanitarios y de sociedad civil organizada. Miles de personas han huido de las principales ciudades a zonas boscosas donde pueden contraer malaria u otras enfermedades. Mientras el orden no se restaure, se cree que muchos de los que escaparon morirán. «Parte del problema es que no sabemos nada», dice Bolopion.

La semana pasada, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó su apoyo a una fuerza de paz de 6.000 efectivos. Pero el representante de Francia, Gérard Araud, dijo a la prensa que a la oficina del secretario general le llevaría hasta tres meses establecer un plan de acción, que podría estar listo en marzo.

Esta observación lleva a preguntarse qué papel jugará Francia, mientras tanto, en su antigua colonia. Hace menos de un año, París lanzó una operación militar en Malí para poner fin a una rebelión que había creado un estado de facto en el norte del país.