La Comisión europea ha propuesto que en los nuevos programas de ayudas económicas que se pongan en marcha después de 2013, se simplifiquen las formalidades administrativas y se ponga el acento en los resultados conseguidos gracias a los fondos recibidos.

Entre las nuevas medidas, se suprimirá la obligación de abrir una cuenta bancaria donde depositar los fondos concedidos y se suprimirá la obligación de declarar los intereses obtenidos por el dinero adelantado por Bruselas. Pasará de 25.000 a 50.000 euros el límite de subvención simplificada, que requiere menos papeleo y será más fácil incluir a otros socios en los proyectos subvencionados.

El comisario europeo de Presupuesto y Programación financiera, Janusz Lewandowski, dice que su principal objetivo es que los fondos de la UE «estimulen la innovación y el crecimiento, haciéndolos más accesibles a las empresas, a las pymes, a los investigadores y a otros beneficiarios europeos. Las medidas que propone la Comisión reducirán los costes y la burocracia que imponen ahora procedimientos excesivamente complicados.»

Pero la simplificación en la concesión de ayudas debe ir, según Bruselas, debe ir acompañada de un mayor control de gasto. Ya que un 80% del presupuesto de la UE dedicado a estas partidas se gestiona a nivel nacional, la Comisión propone que haya auditorias independientes en cada país para vigilar el fraude, como ya ocurre con las subvenciones agrícolas.

El objetivo de la Comisión, a más largo plazo, es que las ayudas estén vinculadas a los resultados obtenidos por los beneficiarios más que a la justificación del gasto mediante facturas detalladas. Lewandowski asegura que ahora «se paga a los beneficiarios sobre la base de costes reales, es decir, deben detallar todos los gastos para que se les reembolse. Eso provoca una burocracia costosa en tiempo y en dinero para el beneficiario y para la Comisión, que debe verificar cada factura recibida, sin poder concentrarse en los resultados obtenidos.»

La propuesta del ejecutivo comunitario tiene que ser estudiada por el Parlamento y el Consejo europeo.