Este viernes el gobierno español ha dado luz verde al Real Decreto Ley que aprueba los recortes en Sanidad y el repago farmacéutico, incluidos los pensionistas. Tiene como objetivo ahorrar los anunciados 7.000 millones de euros en gastos sanitarios –que se unen a los 3.000 millones más en Educación- y con lo que se pretende garantizar así la sostenibilidad de la Sanidad pública.

Con esta medida, el ejecutivo de Mariano Rajoy dice perseguir también el fin a los abusos en las prestaciones y que la sanidad siga siendo gratuita para todos los ciudadanos españoles. Para conseguirlo se ponen en funcionamiento dos nuevas medidas: el copago farmacéutico de los medicamentos en función de las rentas –que viene realizándose ya en un buen número de países de la Unión Europea- y el control del conocido como turismo sanitario.

Pero, ¿qué a que nos referimos cuando hablamos de este tipo de turismo? En primer lugar nos tenemos que trasladar a enero de 2011 para ver los primeros pasos que se dieron en el seno de la Unión Europea para regular esta práctica. El 19 de enero de ese año, el Parlamento Europeo aprobaba una Directiva que regulaba la asistencia transfronteriza en este sentido, pero que no se ha aplicado con todo el éxito que se esperaba, al menos, en España.

Una directiva de 2011 sin aplicación española...hasta ahora

La UE pretendía regular los casos de turistas que viajan a un país diferente al suyo, en este caso España, y que durante su estancia se aprovechan de la gratuidad de nuestro sistema sanitario y se realizan operaciones que en sus países de origen debían costear de sus bolsillos.

Con la Directiva de 2011, los estados tenían dos años y medio para transponer a sus respectivos ordenamientos. Sin embargo el tema en España seguía en stand-by, faltaba un artículo en la transposición de la directiva que impedía los viajes por motivos sanitarios, y será ahora, como medida de ahorro, cuando se haga efectiva. Y será efectiva también para los extranjeros residentes en España, no solo para los turistas.

Muchos de ellos volvían a sus países de origen, se operaban y llegaban a reclamar a España el pago del coste de su intervención. Y es que en España residen más de 3 millones de extranjeros de manera legal, y 500.000 tienen más de 55 años. No obstante esta Directiva, al igual que el Real Decreto Ley aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy, sigue asegurando asistencia sanitaria a los europeos que residan en España pero solo tendrán derecho a la misma que reciben en su país de origen. No habrá un euro más.

Franceses, portugueses y británicos

En términos globales se habla de 700.000 extranjeros que vienen a España cada año a operarse. Un paraíso quirúrgico que ocasiona 971 millones de euros en gastos. Según la ministra de Sanidad, Ana Mato, con cifras del 2009, España facturó 441,1 millones de euros a 26 países de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza mientras que el gasto que supuso la asistencia de españoles en el extranjero sumó solo 46,2 millones.

Entre los países que más hacen uso de la sanidad pública gratuita española son nuestros vecinos de Francia y Portugal, que superan significativamente el promedio del resto de los países de la Unión Europea. No obstante, son los británicos los que más estaban incrementando su uso debido a que en su país las listas de espera para las intervenciones pueden sobrepasar fácilmente los tres años. Una de las operaciones más demandadas son las de las de cadera. Con la nueva ley, las prótesis tendrán que salir de sus propios bolsillos.

Alemanes, belgas y holandeses les siguen de cerca aprovechando la reglamentación europea de poder recibir asistencia en cualquier país comunitario. Y por localidades siguen siendo Extremadura y Andalucía las comunidades autónomas con más operaciones de este tipo. Esto ha provocado que las cuentas no le cuadren al Ministerio de Sanidad y destaquen también en las regiones con más turismo de sol y playa. Por ejemplo, Andalucía facturó en 2010 casi 24.000 millones de euros mientras que solo recibió por este concepto desde el Fondo de Cohesión Sanitaria poco más de 13 millones; el Servicio Valenciano de Salud debería haber percibido 7,5 millones de euros y solo recaudó 4,8; o Baleares que facturó 9,7 millones y apenas obtuvo 5.