A las 13.30 horas del miércoles, el tribunal que preside la sala levantó la sesión en el primer día de uno de los juicios más esperados de la década. El jueves, se retomaba el proceso con el inicio de los interrogatorios a los cinco acusados. Carlos Fabra está en el banquillo junto a su ex mujer, Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives. Se les acusa de tráfico de influencias, dos delitos de cohecho y cuatro de fraude fiscal, en el Caso Naranjax y se podrían enfrentar a penas de hasta 13 años de prisión, como ha pedido la Fiscalía, además de una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros.

A Carlos Fabra, de 67 años, estos diez últimos le han valido para ir despojándose de capas de privilegios. En 2010 abandona su puesto como Presidente de la Diputación después de 16 años en el cargo, en 2012 deja su plaza como director del PP de Castellón y, ese mismo año, tras abrirse el auto de juicio oral, presenta su dimisión como presidente de la promotora del polémico aeropuerto de Castellón. Hoy, Fabra, el acusado, mantiene sólo su puesto como secretario general de la Cámara de Comercio.

Tres denuncias, ocho años y ocho jueces

El origen de esta historia se remonta a 2003 cuando la jueza Isabel Belinchón ordena abrir una investigación contra Carlos Fabra tras dos denuncias del empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y, por entonces amigo íntimo del Presidente de la Diputación, en las que le denuncia por querer cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. En ese momento, Vilar llegó a reconocer que pagaba a Fabra unos 80 millones de pesetas al año para que les ayudase con los trámites en Madrid.

A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, tras detectar un incremento patrimonial que no se correspondía con la declaración del entonces dirigente «popular». El juzgado lo admitió a trámite y lo anexionó al proceso ya abierto. Comenzaba la larga carrera entre la escurridiza liebre Fabra y la paciente tortuga Justicia. «No sólo no me imputarán ningún delito fiscal, ni siquiera habrá sanción. Cuando no hay asesinato, no hay asesino», alardeaba entonces el imputado.

La jueza Belinchón fue trasladada del juzgado de Nules, responsable de la instrucción desde la primera denuncia, a Teruel y el caso cambió de manos por primera vez. La primera de las ocho en la que el proceso ha cambiado de juez porque tras el traslado de Belinchón llegó una juez sustituta, a su vez reemplazada por una nueva juez titular a la que también ascendieron y dejó el juzgado castellonense. Tras ella, durante un mes estuvo la jueza Reyes Gavara, y después Marta García, de los juzgados de Parla (Madrid), que estuvo con el caso sólo dos meses. Llegaría en noviembre de 2007 Lourdes Noverques a la que sustiuiría otra juez temporal antes de la llegada voluntaria del juez Jacobo Pin en julio de 2009.

En esos años arrasaba el PP de Castellón y su máximo dirigente era tocado por la más grande de las suertes, varios premios de Lotería premiados entre 2000 y 2004 con más de 260.000 euros y un Gordo en el sorteo del Niño de 2008 por el que se embolsó dos millones de euros.

Para los más críticos, las demoras del juzgado de Nules estaban provocadas por una mano negra que nunca ha llegado a probarse, aunque el juez Pin es el único que ha denunciado presiones, llegando a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la Audiencia de Castellón para que archivara parte de las imputaciones contra el político. La denuncia se archivó.

En estos ocho años, la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado algunas resoluciones que posteriormente han sido revocadas por el Tribunal Supremo. La primera, en 2010 cuando sobreseyó la causa por supuestos delitos fiscales cometidos entre los años 2000 a 2003 al considerar que no se había producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo de prescripción de estas conductas. El Supremo revocó esta decisión, considerando que no podían declararse prescritos los delitos fiscales que se le imputaban a Fabra y recogiendo los recursos que habían presentado Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores.

La segunda ocurrió en mayo de 2012, cuando Jacobo Pin ya se había hecho fuerte, había cerrado las diligencias del caso en 2011, había tumbado varios intentos de la defensa por alargar el proceso y había decretado por fin la apertura de juicio oral. Entonces, la Audiencia declaró la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral, tras resolver que los hechos imputados a Fabra de la Diputación no eran constitutivos de cohecho. El Supremo volvió a revocar esta decisión, que hubiera supuesto que el caso pasaba a ser responsabilidad de un juzgado de lo Penal en lugar de la Audiencia, con una importante reducción de los años de condena.

En junio de 2013 el presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, protagonizaba un movimiento cuanto menos extraño, muy en relación con las supuestas presiones a la Justicia por parte del entorno de Fabra. Domínguez presentó su renuncia a participar en el tribunal que tenía que juzgar al ex presidente por, palabras literales, su «trato cordial y afable» con Carlos Fabra Carreras.

Un juicio histórico con 70 testigos

El juicio que ha comenzado este miércoles 2 de octubre se prolongará hasta el próximo día 30 del mismo mes. Más de 30 medios de comunicación ya han podido asistir a las declaraciones e interrogatorios a los cinco acusados.

Para Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y una multa de 600.000 euros por un delito continuado de cohecho. Para la ex mujer de Fabra, Amparo Fernández, anticorrupción pide seis años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, multa de 860.000 euros y una indemnización de 428.644,5 euros. Para Carlos Fabra, la Fiscalía y la acusación particular de la Unión de Consumidores (UCE) piden 13 años de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos de fraude fiscal por los que solicitan el pago de una multa de 1,98 millones de euros y de una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.

A la llegada del ex director de la Diputación de Castellón a la primera jornada de juicio se han oído los ánimos de algunos presentes: «¡Castellón está contigo!». Lo que recuerda a otra fábula, la del Traje Nuevo del Emperador, o lo que es lo mismo, que no hay más ciego que el que no quiere ver. La Justicia, ciega o tuerta, y también lenta, tiene la oportunidad de jugar uno de los papeles más importantes de nuestra historia judicial reciente.