El proyecto conocido como Eurovegas apabulla con el reclamo de las cifras que promete. Una inversión de 17.000 millones de euros, que generaría 260.000 puestos de trabajo en la construcción y funcionamiento de varios casinos, resorts, centros de convenciones, teatros y campos de golf. Espera recibir a once millones de turistas en quince años que gastarían 15.000 millones de euros.
Madrid y Barcelona han estado disputándose la ubicación del proyecto durante el último año, hasta que este viernes, el gobierno catalán, suponiendo que quedaba descartada su oferta, anunció la construcción de seis parques temáticos próximos al actual de Port Aventura con una inversión de 6.000 millones de dólares.
Horas después, la compañía de Las Vegas, confirmaba la elección de Madrid, aunque sin detallar la localización concreta. Todo apunta a que será Alcorcón, pero también pujaban por la ubicación del centro de ocio Paracuellos del Jarama y Valdecarros. Adelson, en su comunicado, agradece los esfuerzos dedicados al asunto por las autoridades de las dos comunidades autónomas y afirma que la selección no ha sido fácil.
Con la advertencia de que Eurovegas depende de la evolución de la crisis económica en la eurozona, la compañía afirma que se entra ahora en otra fase del proyecto, en el que debe definirse el tamaño del centro, su ubicación específica y las opciones de financiación exterior, ya que Las Vegas Sands se compromete a aportar entre el 25% y el 35% del total.
Eurovegas es todo un «caramelo» en tiempos de crisis que, no obstante, cuenta con una fuerte oposición. Partidos de izquierda, organizaciones ciudadanas y ecologistas están en contra de la instalación de un complejo de ocio de esas características. La plataforma Eurovegas No ya ha convocado una cacerolada para este sábado en la madrileña Puerta del Sol para denunciar «el absoluto secretismo del Gobierno de la Comunidad y los diversos y graves impactos que supone un proyecto como éste para las personas y el territorio».
La gran duda, nunca aclarada, es hasta qué punto las autoridades regionales de Madrid y el propio gobierno de la nación cederán a las exigencias del magnate del juego: desde millonarias exenciones fiscales al permiso para fumar en el recinto de Eurovegas, prohibido por ley. Entre los vecinos de las localidades donde puede ubicarse, hay división de opiniones. Desde quien asegura que será beneficioso para el empleo y para dar a conocer en el mundo el nombre de su pueblo, hasta quien piensa que será un foco de atracción de delincuencia.
El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha pedido a la Comisión Europea que investigue los posibles incumplimientos medioambientales, sociales y económicos que tendría la construcción de Eurovegas.