La comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, ha pedido al BEI que lidere a nivel mundial la eliminación del apoyo público a los combustibles fósiles, cuya quema contribuye al efecto invernadero. Como banco público, las operaciones financieras del BEI cuentan con la garantía del dinero de los contribuyentes de la Unión Europea (UE).

El BEI tiene en marcha proyectos de inversión en unos 160 países ajenos al bloque, y cuenta con mayor capacidad de préstamo que el propio Banco Mundial: 52.000 millones de euros (68.000 millones de dólares) en 2012 contra 52.200 millones de dólares de la entidad nacida de los acuerdos de Bretton Woods. Los activos totales del BEI en 2012 alcanzaron los 508.000 millones de euros (663.000 millones de dólares), convirtiéndolo en el mayor organismo financiero multilateral.

A finales de junio la institución anució que revisaría su política de préstamos al sector energético, lo que ha despertado críticas por parte de los ecologistas. La nueva política que evalúa el banco hace más estrictas las condiciones de crédito para todo tipo de proyectos con combustibles fósiles, pero las exigencias sobre emisiones de las plantas de carbón son más débiles comparadas con las actualmente discutidas en Estados Unidos y las ya vigentes en Canadá.

Los ambientalistas alertan que la continua financiación otorgada por el banco a proyectos de combustibles de origen fósil no es combatible con la estrategia de la UE para tener una economía basada en las bajas emisiones de carbono. Los activistas advierten que la nueva política habilitaría créditos para cualquier forma de producción energética, más allá de su impacto ambiental, con tal de que los proyectos contribuyan a asegurar el suministro, promuevan el desarrollo económico y ayuden a aliviar la pobreza.

El banco gasta miles de millones de euros todos los años en proyectos de energía con gran impacto sobre el clima. En el periodo 2009-2010, los préstamos que destinó a los combustibles fósiles representaron más de una cuarta parte de todos los reservados a proyectos energéticos, según las cifras de la propia institución. En 2010, el BEI destinó 18.000 millones de euros (23.500 millones de dólares) al sector energético.

Su presidente, Werner Hower, ha dicho recientemente, en una reunión en Bruselas que «el BEI es una institución de crédito de larga historia, y da dinero donde más se necesita». Pero la organización CEE Bankwatch y el grupo Counter Balance, coalición europea de organizaciones de ambiente y desarrollo, critican duramente las prioridades del BEI y han instado a la institución a mejorar su cartera de préstamos en el sector energético.

Berber Verpoest, coordinador de campañas de Counter Balance, señala que el BEI ha invertido 190 millones de euros (248 millones de dólares) en una nueva fábrica de la empresa transnacional estadounidense Ford en Turquía el año pasado, y otorgó un préstamo de 500 millones de euros (653 millones de dólares) al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, en 2011. «El Préstamo Marco para el Cambio Climático en Brasil ilustra el uso absurdo y la falta de un claro criterio de selección que tiene el BEI», explica.

Bankwatch informó en diciembre de 2012 que el BEI otorgó un préstamo a Ford para reubicar sus plantas de fabricación de automóviles en Turquía, después de que la compañía anunciara el cierre de sitios de producción en Bélgica y Gran Bretaña. Por su parte, Counter Balance critica que dinero europeo, que se supone debe ser destinado a proyectos contra el cambio climático, termine en el BNDES, institución cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, por el impacto ecológico de alguna de sus operaciones.

El propio Hower ha explicado en Bruselas que las inversiones del banco podían y debían ser revisadas. «Ahora estamos elaborando nuevas políticas energéticas, un tema sumamente delicado. Pero lo estamos haciendo a través de un diálogo y de un proceso abierto con las organizaciones de la sociedad civil». «Antes de que la junta de directores aborde este asunto a finales de julio, pondremos en marcha un mecanismo de diálogo de cuatro semanas con la sociedad civil. El BEI necesita el escrutinio y la supervisión pública, y es importante que las organizaciones no gubernamentales sigan de cerca lo que estamos haciendo», añade el presidente del BEI,Werner Hower.