El mismo Estado miembro y su gobierno sugirió la necesidad de la inclusión social de los romaníes a nivel europeo, prohibió y sanciona estrictamente la incitación al odio, y el estudio de varias organizaciones de derechos humanos elogian la tolerancia que prevalece dentro de sus fronteras.
Para aquellos que todavía no saben de qué país estoy hablando, les ayudo un poco. Sobre este mismo Estado miembro se oye regularmente en la prensa internacional que su gobierno viola los derechos fundamentales, peligra la democracia, la libertad de prensa no prevalece de manera satisfactoria y algunos grupos étnicos no pueden sentirse a salvo del todo.
Por desgracia, las malas experiencias recientes me llevan a manifestar que probablemente la mayoría de las personas descubren que se trata de Hungría a partir de estas últimas líneas. Las contradicciones entre los dos párrafos se notan a primera vista. Sin embargo, una diferencia importante es que, si bien las declaraciones de las primeras frases están respaldadas por datos macroeconómicos y hechos, en el caso de las últimas – las que critican a Hungría y su gobierno – nunca se pueden leer ejemplos concretos, es más, a menudo salen a la luz deformaciones como por ejemplo que el partido de extrema derecha Jobbik es miembro del gobierno (en la realidad forman parte de la oposición y atacan continuamente al gobierno).
Pero, ¿de verdad se trata del mismo país?
La última vez, se esbozó un cuadro desfavorable de Hungría al aprobar el pasado día 3 de julio el informe del eurodiputado portugués de Los Verdes Rui Tavares sobre la situación constitucional de Hungría. Durante el acalorado debate sobre el informe, los representantes del Parlamento Europeo mayoritariamente de la izquierda, escondidos en el traje de héroes defensores de la democracia expresaron preocupaciones, que contrastan completamente con la decisión tomada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que reúne a especialistas de mucho mayor prestigio en la investigación del Estado de Derecho y de la democracia.
La resolución del Consejo de Europa – que apenas llevaba una semana en aquel entonces – entre otros, señaló que Hungría modificó su Constitución creada en la era del comunismo siguiendo un procedimiento democrático, mediante un intenso debate parlamentario y con el consentimiento de la sociedad civil húngara con el fin de crear una Ley Fundamental nueva y actual. Según el documento los representantes del Consejo de Europa consideraron que las disposiciones, objeto de controversia de la Ley Fundamental, estaban comprometidas con los valores europeos tradicionales y reconocieron que las mismas formaban igualmente parte de otras constituciones europeas. El porqué de que dicha resolución no haya sido tomada en cuenta en la opinión de los diputados de la izquierda tan preocupados por la democracia húngara en el Parlamento Europeo, únicamente lo puedo explicar con una cosa: las acusaciones tenían una motivación política.
Se acercan las elecciones al Parlamento Europeo previstas para primavera de 2014, la izquierda procura erigirse en el papel de defensores de la democracia y culpar a los gobiernos conservadores de derecha por los problemas de Europa.
Hungría ha llegado a formar parte de este juego político involuntariamente. ¡Seamos realistas! para algunos, Hungría es un sujeto excelente para desempeñar el papel del chico malo». En el país una fuerza política conservadora y orgullosa de su legado cristiano obtuvo la mayoría de dos tercios, sus votantes le han otorgado tanto poder debido a que durante los gobiernos socialistas de los anteriores ocho años el país se había endeudado hasta extremos inconcebibles, parte de las instituciones democráticas básicas se habían paralizado, y abundó la corrupción. La gran mayoría de las personas quería algo radicalmente diferente, la renovación total. Sin embargo, a los ojos de una sociedad europea occidental poco conocedora de la historia de Europa central y de las relaciones políticas húngaras es muy fácil distorsionar a voluntad la imagen de este cambio, sobre todo cuando se manifiestan acusaciones contra las cuales el «público» es extremadamente sensible.
Naturalmente el Gobierno húngaro no es infalible. En una actividad legislativa de velocidad sin precedentes se han cometido algunos errores. No obstante, el hecho de llevar a cabo debates con la Comisión Europea, lo consideramos de lo más natural. La Comisión es el guardián de los tratados, siempre hemos escuchado sus argumentos, además en numerosas ocasiones hemos seguido sus recomendaciones y dado el caso, hemos modificado los reglamentos impugnados. Asimismo, estamos en colaboración con el Consejo de Europa y con la Comisión de Venecia; la opinión de esta última sobre la Constitución nueva, la hemos solicitado nosotros mismos. Además, como hicimos hasta ahora, estuvimos y seguiremos estando en el futuro abiertos a los debates que se basen en los hechos y en los argumentos con criterio.
Otra cuestión, sin embargo, es lo que pasó en el Parlamento Europeo. El Informe Tavares anteriormente mencionado propone someter a Hungría bajo un constante control y pretende establecer instituciones que los Tratados constitutivos de la UE no contemplan. En el informe, el Parlamento Europeo acusa y a la vez reivindica el papel de juez, dando instrucciones a mi país en asuntos que son de competencia nacional. Estos no sólo violan la reputación y el compromiso democrático de Hungría, sino también infringen las disposiciones de los tratados constitutivos de la UE, las reglas conjuntamente acordadas. Si un debate político se convierte en una serie de acusaciones infundadas y nos alejamos de los hechos, entonces saltamos las normas y el espíritu de la cooperación solidaria hasta ahora existentes dentro de la Unión, y en lugar de fortalecer la colaboración entre los estados europeos en la lucha contra la crisis, se forman más grietas en la integración europea.
Por esta razón únicamente me queda tener la esperanza de que la izquierda europea se dé cuenta de lo que está en juego. Los resultados más recientes de las encuestas muestran que en todas partes emergen las fuerzas extremistas enemigas de la Unión. Es decir, la confianza de los ciudadanos se ha tambaleado claramente en la integración. Si el mismo Parlamento Europeo va más allá de su propia competencia y pretende entrometerse en asuntos de competencia nacional, se pronunciarán aún más personas en contra de la Unión. Esto no es una buena noticia a menos de un año antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Al fin y al cabo, son ellos los que con su comportamiento promueven el fortalecimiento de los radicales y de los UE-escépticos en toda Europa, mientras que teóricamente nos advierten de eso mismo día tras día.
