Estas deducciones tiene carácter anual y, según la Comisión Europea, servirán para controlar inmediatamente los daños causados a las poblaciones que son objeto de sobrepesca durante el año anterior y garantizar una explotación sostenible de los recursos de pesca comunes.
En España destaca el exceso de capturas de pez espada en el Atlántico, que se han sobrepasado en un 160% de lo permitido. También se han pescado 41 toneladas más de bacalao, de fletán negro se han obtenido 56.600 toneladas más y de brótola se han sobrepasado en 29.000 toneladas de las 185.000 permitidas.
La Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria Damanaki, se ha mostrado inflexible en la lucha contra la sobrepesca, asegurando que «si Europa quiere tomarse en serio esta pelea, ha de ceñirse a las normas, entre las que se encuentran las cuotas de pesca». «Me complace comprobar que la situación en 2013 ha mejorado respecto a años anteriores. No obstante, para conseguir en toda Europa el buen estado de las poblaciones de peces es preciso realizar controles eficientes para hacer cumplir las normas en vigor», ha concluido Damanaki.
¿En qué consisten las deducciones?
En comparación con el año pasado, las deducciones aplicadas a los Estados se han reducido en un 22%, pero todavía queda mucho por hacer. Las deducciones se aplican a las poblaciones que durante el año anterior fueron objeto de sobrepesca, además de deducciones adicionales en caso de sobrepesca repetida, de una sobrepesca superior al 5% o en caso de que la población afectada esté sujeta a un plan plurianual.
No obstante, si un Estado miembro no dispone de cuota de pesca para «compensar» su sobreexplotación, las cantidades a deducir serán las de otra población presente en la misma zona geográfica. Estas deducciones se aplican consultando a los Estados afectados.
Por otro lado, si la cuota disponible no es suficiente para efectuar todas las deducciones, las cantidades restantes se transferirán al año siguiente.
La situación del Mediterráneo
Según un informe de la CE publicado en junio, en el área del Océano Atlántico, los bancos de especies se recuperan debido a la estricta normativa al respecto, mientras que el entorno mediterráneo, se encuentra en una situación dramática.
Más del 96% de especies bentónicas (como la merluza, salmonetes de fango y gamba blanca) y alrededor del 71% de las aguas medias, donde se encuentran ejemplares como la sardina o la anchoa, sufren un exceso de pesca.
A esta situación, se le suman más flotas pesqueras y un gran número de embarcaciones de pesca. Además, según ese informe, en el Mediterráneo la pesca no está regulada por niveles de capturas totales admisibles (TAC) ni cuotas (excepto para el atún rojo), sino mediante medidas de gestión que establece el Reglamento del Mediterráneo, vigente desde el año 2006.
En consonancia con el Reglamento del Mediterráneo, los Estados miembros están adoptando planes a nivel regional o nacional para limitar el esfuerzo de pesca teniendo en cuenta el tamaño de la flota o la cantidad de tiempo que pueden pescar a niveles sostenibles en un sector.
La situación del Mediterráneo también ha sido denunciada por organizaciones ecologistas como Oceana. Esta fundación denuncia que «ocho de cada diez caladeros en el Mediterráneo están ya sobreexplotados, es decir, se pescan más peces de lo que su ciclo natural permite recuperar».
Oceana propuso medidas científicas a Europa para proteger el entorno entre las que destaca la identificación y protección de las áreas de puesta y cría mediante cierres de zonas espaciales y temporales. El director ejecutivo de Oceana en Europa, Xabier Pastor, exige además, que «la política pesquera debería ser compatible con la aplicación de las medidas de conservación establecidas por la normativa comunitaria, como es el caso de la declaración y gestión de áreas Natura 2000 en el mar».
La FAO (Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura), propone que si todos los países con grandes flotas pesqueras, como España o Estados Unidos, redujeran sus capturas anuales, los caladeros de todos los océanos podrían recuperarse y esto, a su vez, permitiría en el futuro incrementar la producción pesquera en 16 millones de toneladas y la rentabilidad anual en 32.000 millones de dólares.
Las medidas implantadas por la CE desde 2002, han sido la creación de zonas de protección de la pesca, el límite del esfuerzo pesquero, mejoras técnicas y la creación del Reglamento en 2006, que establecía un marco general para la explotación sostenible de los recursos, técnicas de pesca selectivas, planes de gestión a largo plazo y más controles.
En el Reglamento se impone un tamaño mínimo de las capturas y se determina unas zonas de protección especialmente propicias para la reproducción o repoblación de peces. En 2008 se decretó un plan especial para el atún rojo que proponía una reducción progresiva de las capturas a un total admisible de 28.500 toneladas en 2008.