Análisis de Humberto Márquez

Caracas, (IPS) - La violencia ha reaparecido esta semana en las calles de Venezuela, con manifestaciones opositoras en la capital y otras 12 ciudades, lo que presagia un endurecimiento del gobierno y de sus adversarios cuando el todavía joven mandato de Nicolás Maduro ensaya un juego de acierto y error ante una economía en crisis. Tres jóvenes murieron baleados al cierre de marchas en Caracas el miércoles, hubo decenas de heridos y un centenar de detenidos, con denuncias de incomunicación, torturas y tratos crueles.

Las protestas, paradójicamente, se iniciaron con estudiantes reclamando que la inseguridad y la violencia delictiva en las calles alcanzaban a sus centros de estudios. «Estamos enfrentando un golpe de Estado en desarrollo contra la democracia y el gobierno que presido», advirtió Maduro, elegido en abril para reemplazar a su correligionario Hugo Chávez (1954-2013), en su primer discurso tras informarse que desconocidos dispararon contra restos de la manifestación en el centro de Caracas.

El gobernante acusa a «grupos fascistas de ultraderecha» que seguirían «el mismo guión de abril de 2002», cuando una gigantesca marcha opositora en Caracas culminó en un tiroteo que causó la muerte de 19 civiles y detonó un breve golpe de Estado contra el fallecido Hugo Chávez. «Las circunstancias actuales son diferentes, y el gobierno o no sabe dónde está parado, lo que es difícil de creer, o trabaja el estallido de la crisis para justificar la suspensión de garantías (derechos ciudadanos recogidos en la Constitución) y gobernar bajo un estado de excepción», declara el sociólogo Carlos Raúl Hernández, profesor del doctorado en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Para Hernández, el masivo respaldo a la protesta estudiantil obedece al «enorme malestar que crece en sectores del propio chavismo (oficialismo) por la megacrisis económica y su pésimo manejo». El panorama económico está dominado por una de las mayores tasas de inflación en el mundo (56 por ciento anual, más del 70 por ciento en el precio de los alimentos) y una agobiante escasez de productos básicos, desde leche y harinas hasta papel higiénico y de periódicos, pasando por medicinas, billetes aéreos, insumos industriales y repuestos para vehículos.

Mientras el Estado restringe cada vez más la entrega de las divisas que obtiene por exportaciones petroleras, y toma medidas puntuales de inspección y castigo contra firmas comerciales e industriales, el empresariado reclama el pago de deudas millonarias contraídas bajo el régimen del control de cambios. Para la historiadora Margarita López Maya, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, «perdidos los encantamientos producidos por el verbo y la presencia del líder carismático (Chávez), la realidad nada prometedora se ha hecho descarnada e inocultable». «Vivimos el oleaje producido por malestares y demandas insatisfechas de la sociedad venezolana, que vienen acumulándose en los últimos meses, producto de desarreglos económicos y sociales desde hace tiempo», señala López Maya.

Con ese malestar como telón de fondo, los estudiantes recibieron el respaldo de otros ciudadanos cuando comenzaron a manifestar a comienzos de febrero en los Andes sudoccidentales. Tres jóvenes, acusados de atacar la residencia del gobernador regional, fueron enviados a una cárcel en Coro, en el extremo noroeste, para ser juzgados.

Las protestas entonces recrudecieron. Dirigentes de un sector en la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática convocaron manifestaciones masivas el miércoles, coincidiendo con el bicentenario de una batalla de la guerra de la independencia contra España en la que jóvenes estudiantes reforzaron al ejército patriota y consiguieron el triunfo. La fecha se conmemora como Día de la Juventud, lo que representó una sobrecarga emotiva y política a las manifestaciones y a su desenlace violento.

Este viernes, mientras proseguían las protestas callejeras en Caracas y otras ciudades, desafiando el anuncio de Maduro de que solo permitiría manifestaciones previamente autorizadas, se ha informado de que los jóvenes presos en Coro fueron excarcelados. Se trataría de un primer paso para quitar presión a la protesta, y coincide con la llegada de numerosos llamamientos de la comunidad internacional en apoyo al diálogo y al respeto de los derechos de todas las partes involucradas en el conflicto político venezolano.

En Venezuela, organizaciones de derechos humanos como Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz han pedido una investigación y castigo a los responsables de las muertes y heridas que siguieron a las protestas del día 12. Con abundantes testimonios, fotografías y vídeos, los periodistas sobre el terreno documentaron la irrupción de grupos supuestamente ligados al oficialismo, llamados genéricamente «colectivos», que encendieron la violencia y usaron armas de fuego en los escenarios donde cayeron las personas tiroteadas.

En el reparto de culpas, Maduro ha acusado a los medios de comunicación internacionales de instigar a la violencia al transmitir informes y declaraciones sobre los sucesos. El mandatario ordenó suspender de las cadenas de televisión por cable la estación de noticias NTN24, con sede en Bogotá, y dirigir advertencias severas a la agencia francesa de noticias AFP.

Pese a la intensidad de las imágenes, Hernández no cree que las manifestaciones conduzcan a un cambio político sustancial, y quizá solo tal vez a mineralizar aún más las posturas y el espíritu de cuerpo de las partes enfrentadas. «Esos cambios los logran las movilizaciones de masas solo cuando están combinados con factores de poder como para que se produzca una insurgencia militar, lo que no se ha planteado en Venezuela», apunta Hernández. «Desde ese punto de vista, se trata de juegos de calle sin destino».