El pleno del PE ha aprobado un informe en el que destaca que «conviene evitar la proliferación de aeropuertos regionales para evitar que queden sin utilizar o que sean utilizados de forma ineficiente, porque podrían suponer una carga económica para las autoridades». También piden establecer «un régimen de sanciones a las compañías aéreas que abandonen antes de la fecha prevista, aeropuertos regionales por los que reciben financiación pública. Muchas de estas instalaciones eran utilizadas por compañías de bajo coste, a las que se acusa también de mantener «prácticas comerciales agresivas» como es la restrición de la cantidad de piezas de equipaje de mano.

Unos principios básicos para cualquier inversión, que antes de la crisis había pasado sin tener en cuenta los mínimos principios económicos, que establecen que un proyecto debe ser rentable social y económicamente. Los eurodiputados piden que antes de construir una nueva instalación de este tipo, se elabore un análisis de costes y beneficios. Aeropuertos como el de Lleida, Castellón o Ciudad Real, han tenido que cerrar, o ni siquiera han llegado a abrir, después de haber invertido millones de euros, por falta de uso de las instalaciones o porque las compañías que se habían comprometido a realizar vuelos, han anulado su actividad.

Los aeropuertos regionales son, según el informe, instrumentos de cohesión territorial, especialmente útiles para fomentar el desarrollo de regiones ultraperiféricas o insulares. Estas infraestructuras, además, impulsan el crecimiento del sector turístico si su desarrollo es el adecuado.

Por estas razones, los diputados instan a las administraciones a llevar a cabo «políticas de intermodalidad» para conectar los aeropuertos pequeños a otras redes de transporte, principalmente por carretera y ferrocarril. El documento lamenta que, «con frecuencia», las instalaciones de este tipo, más alejadas de centros urbanos, no están «debidamente conectados a la red de transporte terrestre».

También han alertado de la situación de los principales aeropuertos europeos, que se encuentran «cerca del colapso por su capacidad máxima». El PE ha pedido a la Comisión que elabore una estrategia para asignar franjas horarias a aeropuertos regionales con el objetivo de atraer a nuevas compañías aéreas y fomentar la competencia». Además eso supondría descongestionar los aeropuertos principales y desarrollar otros, considerados de categoría regional.

Los diputados han mostrado su «preocupación por la degradación de la calidad del servicio a los pasajeros» que imponen principalmente las denominadas compañías de low cost. En ese sentido reclaman que las compras al por menor de artículos esenciales, no cuenten como equipaje de mano y que las restricciones de peso o de dimensiones del equipaje se efectúen antes de la llegada a la puerta de embarque.

Por otra parte, han pedido a la Comisión que garantice que se cumple la legislación europea y nacional en las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de las compañías de low cost, para evitar el dumping social en el personal de los aeropuertos regionales, que en muchos casos son contatados por compañías de bajo coste.

Por último, la Eurocámara ha reconocido la decisión del gobierno español de prohibir las prácticas abusivas de estas aerolíneas hacia los usuarios y ha pedido al resto de países que sigan ese ejemplo, porque supone una «violación del derecho de competencia y un abuso de posición dominante».