Google destinará 60 millones de euros para ayudar a la conversión de la prensa escrita al mundo digital. Zanja así las disputas que existían en Francia entre los editores de prensa que exigían a la compañía estadounidense que pagara derechos de autor, o que repartiera ganancias, por los importantes beneficios publicitarios que obtenía cuando un internauta buscaba una noticia en la red. El gobierno francés había anunciado que cambiaría la ley para «intervenir si era necesario» y obligar a Google a pagar una tasa por los beneficios obtenidos.
El pacto se ha cerrado en el marco de una reunión en la que han participado Hollande y el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Información Política y General francesa, Nathalie Collin, y el mediador designado por el Gobierno galo, Marc Schwartz. Al encuentro han asistido la ministra de Cultura y Comunicación, Aurélie Filippetti, y la secretaria de Estado de Pequeñas y Medianas Empresas y Economía Digital, Fleur Pellerin.
Pocas horas antes, el viernes por la mañana, la compañía también presentaba en Bruselas sus propuestas para disipar dudas sobre sus supuestas prácticas contra la competencia. Con este compromiso Google apacigua a las autoridades europeas e intenta evitar multas millonarias. La Comisión Europea ha investigado durante dos años las quejas de una docena de empresas, entre ellas Microsoft, que le acusaban de utilizar su poder en el mercado para bloquear a sus rivales. La compañía estadounidense se enfrentaba a multas de hasta un millón de euros, es decir un 10 por ciento de su facturación global. La Comisión estudia si Google favorece sus servicios de búsqueda sobre los de sus rivales, impidiendo que sus clientes puedan llevarse sus campañas publicitarias a otros sitios web y aprovechándose de contenidos de terceros.
Una docena de multinaciones han denunciado ante Bruselas las prácticas del motor de búsqueda. Se le acusa de una presunta preferencia a sus propios servicios de búsqueda especializada (restaurantes, noticias, etc.) frente a otros competidores; la sospecha que vampiriza el contenido de otros buscadores especializados y lo incorpora como material propio, sin autorización previa, en los resultados que ofrece en su pantalla; la supuesta exclusividad que suele imponer a los clientes que utilizan sus servicios como buscador de anuncios, y las restricciones que impone a los programadores de las plataformas de subastas de anuncios para evitar la migración de ese mercado desde su propio servicio, AdWords, al de otros competidores.
Hasta ahora la presión internacional no había afectado a la multinacional. Esta semana se daban a conocer las ganancias del gigante de internet, con unos beneficios de unos 6.000 millones de euros fuera de Estados Unidos. De ese dinero sólo tributaba unos 320 millones, lo que significa el 5,3 por ciento de sus ingresos. La mayor parte de las ganancias las invierte en paraísos fiscales. Algo que no ocurre en Estados Unidos, donde tributó el 41% de los 5.300 millones que obtuvo de beneficios. Varios países, entre ellos Francia, Suiza, España, Italia y Reino Unidos habían iniciado investigaciones para poder denunciar unas posibles «maniobras ilegales».
El buscador factura desde Irlanda los ingresos por publicidad que obtiene en otros mercados, como el español, donde la filial, Google Spain, ha declarado pérdidas en los últimos dos ejercicios y apenas ha pagado impuesto de sociedades.
Google ocupa el primer lugar en búsquedas en Internet. En Europa tiene una cuota de mercado del 82 por ciento, frente al 67% del mercado estadounidense.
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