La UE y el FMI concederán a Portugal unos 80.000 millones de euros en tres años, según cálculos preliminares, para resolver sus acuciantes problemas financieros. Pero los gobiernos europeos no están dispuestos a dar cheques en blanco y, como contrapartida, exigen que Portugal ponga un severo orden en sus cuentas públicas, es decir, más privatizaciones, más subidas de impuestos y más recortes salariales a los funcionarios.

Los ministros de Economía de la UE, reunidos el viernes en Budapest, han encargado a la Comisión Europea que empiece a negociar con Portugal el rescate y el plan de consolidación fiscal que le acompaña. No hay mucho tiempo, porque en junio Portugal tiene que hacer frente a los vencimientos de su deuda, devolver unos 5.000 millones de euros y pagar otros 2.000 en intereses.

La idea es que el acuerdo de la UE esté cerrado en la próxima reunión ministerial del 16 de mayo y que los socios comunitarios lo ratifiquen inmediatamente. Entonces el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera dará el dinero al gobierno portugués.

Los problemas vienen en la contrapartida. Si la oposición conservadora tumbó en el Parlamento el cuarto programa de recortes presentado por el gobierno socialista de Sócrates, lo que provocó su dimisión, ahora aquel ajuste se considera solo el punto de partida. La UE está dispuesta a conceder a cambio de que Portugal aplique aun medidas de estabilidad más estrictas: privatizaciones de empresas públicas, aumento de impuestos y rebaja de salarios públicos según las necesidades que los expertos de ambas partes calculen.

Los gobiernos europeos se muestran intransigentes en este aspecto. «Voy a escuchar primero las necesidades antes de poner un cheque sobre la mesa»», dice la ministra francesa, Christine Lagarde. El ministro de Finanzas finlandés, Jyrki Katainen, prevé que «el plan de ajuste debe ser más duro y global que el que fue rechazado por el Parlamento. De otro modo, no tiene sentido garantizar los préstamos de nadie». El sueco Anders Borg fue más allá al calificar de «irresponsable» al gobierno portugués por «haber perdido tanto tiempo».

El problema que se plantea ahora en la UE es con quién se negocia y la solución ha sido que con todos. La Comisión estudiará el paquete de medidas a aplicar con el gobierno dimisionario y con los grupos políticos que rechazaron recortes que ahora se prevén escasos. «La ayuda europea se dará bajo estrictas condiciones negociada con los principales partidos políticos del país», ha dicho el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

Los sindicatos portugueses preparan ya una huelga general contra el rescate, antes de conocer las condiciones concretas, para el próximo 6 de mayo. Las elecciones anticipadas en Portugal se celebrarán el 6 de junio.

La ministra española de Economía, Elena Salgado, calcula que España tendrá que aportar unos 5.000 millones al rescate portugués. Todo depende de si países que no pertenecen a la moneda única hacen aportaciones, como ocurrió en el caso de Irlanda; y cómo se reparte el montante total entre el presupuesto comunitario y el mecanismo de ayuda, al que España debe aportar el 12,8 %.