La filandesa Satu Hassi y la alemana Ska Keller, diputadas del Parlamento Europeo, han observado crudas estampas de esta realidad en el estado de México, en una de cuyas áreas se desborda la capital del país.

Las dos eurodiputadas han realizado este mes un periplo por las rutas migratorias mexicanas, un año después de un viaje similar, para constatar como ha evolucionado la situación como integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta de la Unión Europea y México. En su viaje han visitado la zona de tránsito de migrantes en Tultitlán y Huehuetoca.

Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, una migrante hondureña de apenas 17 años, se resguarda temporalmente en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, antes de reiniciar el camino hacia su meta en la frontera norte. Con cuatro meses de embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la obligó a huir de su país. «No veía futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos porque hay bastante delincuencia. Los 'maras' (pandilleros) obligan a meterse en pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada», relata.

Así como Aleyda, otras migrantes centroamericanas llevan 15 días de viaje en trenes de carga desde la frontera sur de México. Lograron llegar al estado de México, en el centro del país, tras padecer las inclemencias del tiempo, los abusos de la policía y de la delincuencia organizada. Tras el cierre en junio de otro albergue del mismo nombre en Lechería, en el municipio de Tultitlán, la situación para ellas se ha agravado.

El refugio administrado por la diócesis de Cuautitlán fue clausurado ante las protestas de vecinos, que se oponían a que las y los centroamericanos recibieran «ayuda gratuita». Ahora tienen que caminar cerca de 50 kilómetros desde Lechería para llegar a los albergues abiertos en agosto pasado en Huehuetoca. Quienes deciden descansar en Lechería aguardan unas horas para volver a «montar» en otro tren que se dirija al norte del país.

Testimonios del abuso

El recorrido de las dos eurodiputadas por el estado de México ha comenzado en Lechería, donde unos cuantos migrantes descansan a la sombra de los árboles a un costado de las vías. Custodiadas por policías federales y estatales, las parlamentarias se entrevistan con hombres hondureños que esperaban la salida del próximo tren. La localidad es insegura para las y los migrantes, porque se han registrado secuestros masivos. Aún así, duermen en la calle pero tienen que cuidar para no ser presa de delincuentes.

Los migrantes narran las extorsiones que sufren de los «garroteros» (personal de las estaciones de tren) para que les permitan viajar en el ferrocarril, así como de la policía. «Íbamos a comer unas sardinas, y uno (de nosotros) sacó una navaja para abrirlas, pero la policía municipal lo vio y se acercaron para revisarnos y nos quitaron todo lo que traíamos, como 2.500 pesos (192 dólares)», cuenta un hondureño.

Durante su camino de casi una hora hacia los dos albergues en Huehuetoca, Satu Hassi y Ska Keller observan en las calles a migrantes que piden dinero para comer y seguir su viaje. Otros descansan bajo los puentes vehiculares. El albergue San José del Hermano Migrante, abierto por organizaciones civiles y estudiantes, consta de dos habitaciones donde se guardan las donaciones de víveres y colchonetas. El resto es un patio de suelo de tierra con techos provisionales de lona, bajo los cuales pueden descansar alrededor de 100 migrantes.

Allí reciben agua, alimentos, y lo necesario para asearse. Su estancia es breve. «El tiempo necesario para descansar y volver a montar en el tren», dice la hondureña Yoselin Alvareño, de 30 años, quien lleva ya un día en el albergue. Ella explica que salió de su país porque no hay empleo y los salarios son muy bajos. Trabajaba como empleada del hogar, ganaba el equivalente a 100 dólares, insuficientes para mantener sola a sus cuatro hijos.

Yoselin migró acompañada de su cuñado, con quien subió a tres trenes para llegar a Lechería. «Ha sido muy duro, me caí algunas veces y me lastimé el brazo y la rodilla. También hay que aguantar el frío y la lluvia en las noches», explica. La hondureña es una de las cinco mujeres que habitan el albergue, pero cada día llegan decenas más de migrantes, el 10 por ciento del sexo femenino.

El otro albergue, la Casa del Migrante San Juan Diego, está alejado de la zona urbana en Huehuetoca y cobija a unas 50 personas. Aquí apenas hay tres mujeres, dos de ellas embarazadas, entre ellas la embarazada Aleyda. Ella dice que sólo pasará una noche más en el albergue, porque únicamente pueden permanecer tres días, durante los que tienen prohibido salir de las instalaciones. «Al estar en medio de la nada se pone en riesgo a esta población, si los 'levantan' nadie se va a dar cuenta», advierte Jorge Andrade, coordinador del albergue San José del Hermano Migrante.

La infamia de los trenes

Las autoridades mexicanas deben supervisar a los funcionarios de los ferrocarriles, los llamados «garroteros», pues se dedican a extorsionar a las personas migrantes y agreden sexualmente a las mujeres que suben a los trenes rumbo a la frontera norte, denuncia la hondureña Maribel. Con 41 años tuvo que salir de su país al no lograr un nuevo trabajo tras ser despedida. «A mi edad ya nadie nos emplea, solo aceptan de 18 y 30 años», cuenta esta madre con tres hijos a su cargo.

Añade que en México ha vivido «un calvario». «Uno vive tantas injusticias, los 'garroteros' abusan de la mujer, creen que porque montan un tren tienen derecho de tener sexo con ella», relata. A las mujeres, añade, les dicen que si quieren que las dejen subir a los ferrocarriles tienen que pagar y si no traen dinero las agreden sexualmente. «Si no les das para la soda, te piden otra cosa para montarte al tren», menciona.

Maribel refiere que la mayoría de las migrantes está expuesta a ese tipo de violencia porque «vamos con el dinero contado para comer algo en el camino». La hondureña todavía tiene que subir a tres trenes para llegar a la frontera norte. Ella salió de su país con unos 152 dólares, que se le acabaron hace días.

Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), anualmente entran en México 150.000 migrantes sin documentos, la mayoría provenientes de América Central. Organizaciones civiles de derechos humanos elevan esa cifra a 400.000, de los que 30 por ciento son mujeres, casi todas centroamericanas. Esas mismas agrupaciones estiman que seis de cada 10 de estas mujeres son víctimas de violación sexual.