Según los expertos de la ONU, España está obligada a extraditar a los 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, un grupo en el que están incluidos varios ex ministros. Si no los extradita, España está obligada a juzgarlos. La ONU dice que las razones que alega el Consejo de Ministros "parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos".

Tras los muros de los ocho CIE que hay en el país los inmigrantes son víctimas de abusos y malos tratos frecuentes por parte de la policía nacional encargada de su custodia, según alertan organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que critican las trabas en la investigación de las denuncias y la impunidad ante los delitos.

La situación de los derechos humanos está en «regresión» en Asia y el Pacífico, la región donde habitan dos terceras partes de la población del planeta, denuncia Amnistía Internacional en su principal informe anual. Destaca, entre otros problemas, malos antecedentes en materia de libertad de expresión, aumento de la violencia contra las minorías étnicas y religiosas, y represión estatal contra activistas y organizaciones de la sociedad civil.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) alerta a los 47 Estados miembros del Consejo de Europa de las intimidaciones y represalias que sufren quienes denuncian abusos. El informe anual publicado recientemente por este organismo de alcance europeo urge a los diferentes Gobiernos a que protejan a los funcionarios públicos que deciden lleva a cabo las denuncias.

Los dos informes que han revelado esta semana los abusos practicados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y por la dictadura militar en Brasil se dieron a conocer, paradójicamente, en la víspera del 30 aniversario de la Convención de la ONU contra la Tortura.

El informe que ha hecho público el senado de Estados Unidos sobre las torturas de la CIA en la llamada «guerra contra el terrorismo» no es suficiente, afirman destacadas organizaciones de derechos humanos que pretenden que los responsables sean sometidos a juicio. Sostienen que se necesitan medidas adicionales para garantizar que funcionarios estadounidenses no repitan nunca más las torturas detalladas en el informe